Triple femicidio narco: pidieron la prisión preventiva de ocho imputados y que la causa pase al fuero federal

Los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza que investigaron el triple femicidio de Florencio Varela pidieron las prisiones preventivas de los ocho imputados por la privación ilegal de la libertad, la tortura y el asesinato en un contexto de violencia de género de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, según confirmaron altas fuentes del caso a Infobae.

Las víctimas, de 20 y 15 años, fueron llevadas bajo engaño entre el 19 y el 20 de septiembre a una casa de la calle Chañar al 700, en la zona de Villa Vaettone. Allí, fueron brutalmente golpeadas y apuñaladas antes y después de morir, en una supuesta venganza por un robo de decenas de kilos de cocaína.

Los asesinos, por ejemplo, le cortaron a Lara las cinco falanges de la mano izquierda antes de matarla y Morena, que fue estrangulada, tenía lesiones post mortem en varias partes del cuerpo. Los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli sospechan que el triple femicidio habría sido ordenados desde Perú.

En paralelo, en un movimiento altamente anticipado en el expediente, los fiscales pidieron al juzgado de garantías del caso “tenga a bien declinar su competencia al Juzgado Federal con asiento en la Ciudad de Morón que por turno corresponda”, plantearon los investigadores en un documento de 250 páginas al que accedió este medio.

Con un expediente de más de 1500 fojas, que incluyó allanamientos, autopsias y pericias telefónicas exhaustivas, Arribas, Fornaro, Rulli y Pecorelli consideran que el hecho se encuentra esclarecido a poco más de un mes de ser cometido.

Ahora, corresponde investigar a la estructura narco que lo ordenó, un planteo ya realizado en el caso por abogados querellantes de las familias, como Diego Storto y Fernando Burlando, que apunta, según los fiscales, a una “persecución penal estratégica”.

Finalmente, los investigadores requirieron que permanezcan o sean enviados a cárceles bonaerenses o federales los ocho imputados detenidos hasta el momento: se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio, capturado en Perú y señalado como el ladero de Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’. Justamente, este último espera su extradición en el Establecimiento Penitenciario de Cañete, a 144 kilómetros de la ciudad de Lima.

Todos los imputados están acusados de delitos que van al desde el triple crimen agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento junto a la privación ilegal de la libertad de las víctimas hasta el encubrimiento agravado.

Solo a las imputadas mujeres no les endilgaron la violencia de género que llevó a que el caso sea considerado femicidio. Por otra parte, todo se encuadra en un homicidio crimins causa: matar para ocultar otro delito.

En tanto, los peruanos Alex Ydone Castillo, David González Huamani y Manuel Valverde Rodríguez continúan prófugos, con circulares rojas de Interpol en su contra.

Los fiscales apuntaron en su planteo a “una convergencia intencional (delineada y planificada) previamente establecida”, donde los acusados “obrando de modo seguro, a traición y sin posibilidad de defensa, es que con claras intenciones de causar la muerte de las mismas para ocultar el hecho delictivo cometido previamente, y mediante el empleo de golpes de puño, patadas, como así con la utilización de elementos filo punzo cortantes” atacaron a Brenda, Morena y Lara “de forma deliberada, e inhumana” con actos de “indescriptible brutalidad física”.

Con respecto al pase al fuero federal, “la muerte de Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, no constituyen un episodio homicida aislado, pues, por el contrario, se halla revestido de una compleja contextualización situacional, escenario que se muestra como la culminación del quehacer de una empresa criminal delineada en forma precisa, planificada y ejecutada, por una organización de tinte narcocriminal dotada de una estructura (de permanencia temporal), con jerarquías, división de tareas y roles en su desempeño funcional", marcó la UFI de Homicidios de La Matanza.

Apuntaron a “tres vectores: privación de libertad con resultado mortal, narcotráfico organizado y multiterritorialidad”, con una “proyección internacional” y la “comunicación en tiempo real hacia niveles superiores de la empresa criminal durante las agresiones y mutilaciones perpetradas” mediante las videollamadas a una serie de desconocidos de nacionalidad peruana, apodados “Papa” y “Lima”, según declaró Celeste González Guerrero.

Un nuevo cruce de información entre los fiscales del caso y la Policía de Perú les permitió a los investigadores llegar a los alias de dos presuntos traficantes que habrían ordenado el triple femicidio. La directiva para matar a Brenda, Morena y Lara no habría ocurrido en Argentina, sino en la zona de Trujillo, de donde es oriunda la familia de “Pequeño J” y donde nació Miguel Ángel Villanueva Silva, uno de los imputados del caso.