No le diagnosticaron una apendicitis y murió: imputaron por mala praxis a los tres médicos que la atendieron

Gloria Jara Guerrero tenía 59 años, era abogada y ex responsable de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Viedma. Murió en septiembre del año pasado tras varios ingresos al sistema de salud por un cuadro de dolor abdominal agudo. Por el hecho, se abrió una investigación judicial por presunta mala praxis y esta semana, a más de un año del caso, imputaron a los tres médicos que la atendieron.

La fiscalía acusó a Maiana Luz González (35), Valeria Elizabeth Painequeo (31) y Alejandro Germán Vizcarra Díaz (52), profesionales del Hospital Artémides Zatti, por homicidio culposo por los hechos ocurridos entre el 28 y el 30 de septiembre de 2024, cuando Gloria acudió en reiteradas ocasiones a la guardia hospitalaria y también a otros centros privados.

En la audiencia de formulación de cargos, la jueza Georgina Amaro Piccinini, la fiscal Paula Rodríguez Frandsen y los defensores particulares expusieron los hechos y contestaron planteos vinculados con la atribución de responsabilidades.

Según el Ministerio Público Fiscal, a una de las médicas residentes se la acusa por no haber brindado atención adecuada durante la madrugada del 28 de septiembre. El alta se le dio a la paciente sin una valoración clínica completa ni el pedido de estudios, lo que, siempre según la acusación, generó una demora en el diagnóstico de apendicitis aguda con pérdida de oportunidad terapéutica.

“La paciente evolucionó con sepsis secundaria a peritonitis por apendicitis no diagnosticada, falleciendo dos días después”, indicó la parte acusadora.

El médico cirujano quedó imputado por no haber controlado debidamente a Gloria tras la cirugía y no haber solicitado estudios necesarios, mientras que la tercera profesional fue señalada por no realizar controles evolutivos.

La fiscalía informó que cuenta con la denuncia de la familia, la historia clínica, estudios médicos y testimonios del hospital entre los elementos probatorios.

El desarrollo del caso fue detallado por el medio VDM Noticias. De acuerdo con la crónica, Gloria sintió un fuerte dolor abdominal el viernes 27 de septiembre por la madrugada. Primero pasó por la Guardia de la Clínica Viedma, donde le administraron una inyección y la enviaron a su casa.

Al empeorar, buscó atención con su médico de cabecera, quien le pidió análisis y una ecografía que nunca logró realizarse en el sector privado por cuestiones administrativas.

“No hubo forma de hacer una ecografía privada. El viernes ya no existe nadie acá, todo el mundo se toma el fin de semana”, relató su hermana, Silvia Jara Guerrero, al medio local.

En la noche de ese mismo viernes, ante la persistencia del malestar y la falta de respuesta, la mujer fue llevada por su familia al Hospital Zatti. Allí, según Silvia, fue atendida por una de las acusadas, quien le recetó calmantes y suero y autorizó su internación.

Pese a su situación, tampoco en ese momento se le practicó un estudio por imágenes. “A la mañana la mandaron de nuevo a su casa”, continuó el relato la hermana.

Horas después volvieron a la guardia y Gloria fue finalmente internada por el médico imputado, que ya con los estudios disponibles la derivó nuevamente al sector privado por contar con cobertura de medicina prepaga.

Después de pasar cerca de 15 horas en el hospital con analgésicos, el domingo al mediodía fue trasladada a la Clínica Viedma, donde falleció el lunes 30 de septiembre.

“Esto no fue un error, fue abandono de persona. Hoy nadie se muere de apendicitis, salvo que viva a 500 kilómetros del campo. Mi hermana se sintió mal un viernes a la madrugada y en todos lados donde fue pasó lo mismo. No le dieron la atención básica”, reprochó Silvia.

Desde entonces, en la investigación se revisaron la historia clínica, se analizaron informes de laboratorio y se recabaron testimonios del personal sanitario. Así, la causa avanzó a paso lento hasta llegar a la audiencia del lunes.

Allí, la jueza Amaro Piccinini rechazó los planteos de los abogados defensores -por ejemplo, en el caso de las residentes, sus letrados argumentaron no debían ser responsabilizadas por su condición, algo que les fue denegado-, imputó a los tres acusados y fijó un plazo de cuatro meses para la próxima etapa de instrucción.

El caso tuvo repercusión en Río Negro y en la Procuración Penitenciaria de la Nación, que expresó que, durante 14 años, Gloria fue la titular de la Delegación Viedma en defensa de los derechos humanos de personas privadas de libertad y la destacó como una compañera cálida y comprometida, siendo referente en el organismo desde la inauguración de la subdelegación en 2010 hasta su transformación en delegación en 2015.

“Fue abogada y mediadora. Creía en el uso de la palabra para la resolución pacífica de los conflictos y estaba convencida de que su trabajo en la Procuración Penitenciaria representaba un gran aporte a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad”, señalaron en un comunicado tras el fallecimiento.