Acusaron a un ex legislador de Salta y a otras cinco personas por contrabando agravado y asociación ilícita

La investigación penal llevada adelante por la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal puso en el centro de la escena a un ex diputado provincial de Salta y a otros cinco acusados, señalados por integrar una organización que, según la Fiscalía, contrabandeó toneladas de granos con cartas de porte falsificadas hacia Bolivia. Todos quedaron imputados por contrabando agravado y asociación ilícita.

Durante la audiencia de formalización de cargos, la fiscal federal Lucía Orsetti presentó las imputaciones ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, contra Luis Gerónimo Cisneros, ex diputado provincial, Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado.

De esta forma, todos quedaron acusados de “asociación ilícita y contrabando agravado por el avalúo de la mercadería y el número de intervinientes, en grado de coautores”. Además, la titular de la sede solicitó la captura nacional e internacional de Pablo Emanuel Arequipa, un empresario que logró huir horas antes de los nueve allanamientos realizados en Salvador Mazza y Tartagal, donde fueron detenidos los otros seis imputados.

A raíz de esto, la jueza Hernández dictó la prisión preventiva para cinco de los acusados: Cisneros, Pedraza, Dorado y los hermanos Toledo. No obstante, en el caso de Arenas, encargado de uno de los depósitos allanados, quedó en libertad bajo reglas de restricción, según la resolución judicial citada por el sitio Fiscales.

La investigación se originó tras la denuncia presentada el 21 de agosto del año pasado por María Mabel Tolaba, administradora en Tartagal de la Dirección General de Aduanas (DGA). Por este motivo, la fiscal explicó que, además de los allanamientos, se realizó un procedimiento de control sobre la ruta 34, a la altura del puesto sobre el río Caraparí, con intervención de distintas secciones de Gendarmería Nacional, que colaboró en las tareas de campo e inteligencia.

Según relató Orsetti, los procedimientos se llevaron a cabo tras detectar “irregularidades en las cartas de porte con las que se pretendía dar fe del transporte de poco más de 10 toneladas de granos, entre soja y maíz, en tres camiones con acoplado, marcas Scania, Volvo y Mercedes Benz, los que eran conducidos por los hermanos Toledo y un tercer chofer prófugo”.

Fue así que el secuestro de la mercadería se concretó en dos inmuebles comerciales de Salvador Mazza, conocidos como Klum y Exeni, que, de acuerdo con la investigación, “se encuentran prácticamente en la frontera, con la particularidad de que sus fondos desembocan en territorio boliviano”.

Los granos incautados fueron valuados en 69.240.106,90 pesos, cifra que, según la Fiscalía, representaría el flujo de ganancia que los acusados —principalmente Cisneros, Arequipa y Pedraza— obtenían mediante el uso de documentación adulterada.

Además de estos dos predios, se allanaron otros siete inmuebles, entre ellos la sede de la empresa LU.MA.CIS SRL, propiedad del ex diputado provincial, quien fue detenido al presentarse en las instalaciones tras conocer la medida judicial. También se allanó su vivienda particular en Tartagal.

El resto de los procedimientos incluyeron dos propiedades de Pedraza, la empresa Sergesa SRL en Salvador Mazza, perteneciente a Arequipa, y sus viviendas particulares en esa ciudad y en Tartagal. En todos los casos, se incautaron “abundantes evidencias, armas, máquinas de contar billetes, equipos de comunicación y documentación variada, ligada a las cartas de porte adulteradas que las empresas solían confeccionar”, según detalló Orsetti.

“Cuando el personal entró, estaba el aire acondicionado encendido, la comida sobre la mesa aún tibia, rastros de una fuga imprevista, de la cual se destaca el colchón todo tajeado, signos de que allí escondía sus ganancias”, relató la fiscal sobre el allanamiento que se realizó en el domicilio del empresario que se dio a la fuga.

También remarcó el hallazgo de armas, entre ellas una pistola 9 milímetros, una carabina con mira telescópica y cargadores, sumado a la existencia de ocho silos construidos como pantalla de la actividad de la empresa Sergesa SRL.

Respecto al modus operandi, Orsetti describió que los cargamentos de granos “llegaban en los camiones, siempre de madrugada, era traspasada a bolsas. Luego, en vehículos de menor porte, la mercadería salía de la empresa, para dar vuelta por una escuela vecina y, desde allí, pasar a territorio boliviano”.

Luego de que la Fiscalía le atribuyera a los acusados maniobras ilícitas vinculadas al contrabando de granos a gran escala a través de la frontera norte salteña, entre Salvador Mazza y Pocitos, y no se descartó la posible comisión de lavado de activos.

De acuerdo con la estructura descrita, “se sindica al prófugo Arequipa y a Cisneros, a través de sus respectivas empresas Sergesa SRL, Spray and Seeds Agroservice S.A.S., y LU.MA.CIS SRL, del ex diputado, como los líderes de esta organización delictiva”, según la Fiscalía. En un nivel inferior, Pedraza aparece como “gestor, coordinador y hasta representante oficial de las empresas”.

Hasta el momento, la hipótesis fiscal sostiene que trasladaban grandes volúmenes de granos hacia la frontera, en particular soja, trigo y maíz, utilizando cartas de porte emitidas por titulares apócrifos a nombre de Arequipa o de la empresa de Cisneros, lo que les permitía “burlar el debido control aduanero y pasar la mercancía a Bolivia de manera ilegal”.

El esquema operativo incluía una primera etapa de coordinación de la documentación de transporte, que era modificada en el control de Aguaray, “gracias a los oficios de Pedraza, entre otros implicados”, según la exposición de Orsetti. Posteriormente, se cambiaba el destino de la carga, redireccionándola a los depósitos Klum y Exeni, así como el destinatario y la empresa transportista.

Orsetti destacó que “la mayoría de los emisores de las cartas de porte utilizadas por las personas investigadas eran personas de escasos recursos, carentes de capacidad operativa, económica y financiera para desarrollar las actividades declaradas”. En función de ello, la Fiscalía presume que estos emisores eran dados de alta únicamente para emitir documentación de respaldo para el traslado de granos, lo que facilitaba el contrabando a Bolivia.