La Municipalidad de La Plata apartó de manera preventiva a un trabajador de la Secretaría de Control Urbano tras recibir una denuncia penal en su contra por presunto abuso sexual con acceso carnal consumado.
La medida, ordenada por el intendente Julio Alak, se formalizó mediante un decreto que habilita la suspensión del empleado y la apertura de un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades. El caso quedó judicializado y avanza en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de la capital bonaerense.
El hecho que originó la denuncia, según informó el portal 0221, ocurrió el 13 de julio de 2025 en el domicilio particular de la presunta víctima, otra trabajadora municipal.
De acuerdo con fuentes oficiales, el episodio mencionado sucedió fuera del horario laboral y motivó la intervención de diferentes áreas del municipio para abordar el caso con perspectiva de género.
Según estableció el decreto, la separación preventiva del efectivo busca garantizar que el agente municipal no continúe en funciones mientras se desarrolla la investigación. La disposición se fundamenta en el artículo 33 de la Ley N° 14.656 de Empleo Público Municipal, que faculta a la administración a actuar en resguardo del proceso y de las partes implicadas.
El sumario administrativo apunta a establecer si el trabajador incurrió en acciones u omisiones pasibles de sanción disciplinaria, tal como fija la normativa vigente.
En paralelo, avanza la investigación penal, por lo que se llevaron adelante las primeras medidas para recolectar evidencia y esclarecer los hechos y, eventualmente, dictar medidas cautelares adicionales.
Además de la suspensión del agente, desde el Municipio ordenaron la intervención de la Secretaría de Mujeres y Diversidad. El objetivo es asegurar que el tratamiento institucional del caso se realice bajo perspectiva de género y contemplando las particularidades que presentan este tipo de denuncias.
Sobreseyeron al funcionario cordobés que había sido denunciado por abuso sexual
A principios de julio, la Justicia de Córdoba resolvió el sobreseimiento de Gabriel Bermúdez, ex secretario de Movilidad Urbana, quien había sido acusado de abuso sexual simple por una empleada municipal. La decisión fue tomada por la Cámara de Acusación, que entendió que no existían pruebas suficientes para avanzar hacia un juicio oral.
La causa había sido impulsada en marzo de 2024, cuando una trabajadora denunció al funcionario por hechos que, según su relato, ocurrieron dentro de una dependencia oficial y consistieron en manoseos y acoso sexual. La situación tomó estado público al mismo tiempo que se conoció la imputación formal por parte del Ministerio Público Fiscal, encabezado por la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Violencia de Género, Ingrid Vago.
El impacto político fue inmediato. Apenas trascendió la denuncia, la Municipalidad de Córdoba comunicó que Bermúdez quedaba apartado del cargo, mientras que el propio funcionario, en sus redes sociales, anunció su renuncia y negó de forma tajante las acusaciones. “Niego cualquier acusación en mi contra relacionada con delitos que atenten contra la integridad sexual de las personas”, escribió en aquel momento, y agregó que su intención era “defender mi nombre y honor, no solo por mí, sino por mi familia”.
El expediente sumó otra denuncia dos días después del primer testimonio, esta vez también presentada por una mujer que trabajaba en el mismo ámbito. Ambas presentaciones fueron incorporadas en una única investigación judicial. Sin embargo, y pese a que en septiembre del año pasado la fiscal Vago pidió que la causa fuera elevada a juicio, la defensa del exfuncionario presentó una apelación ante la Cámara.
Sin pruebas suficientes y dudas respecto a la verisimilitud de las denuncias, la causa fue desestimada.
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