Venezuela extrajo el material nuclear de su único reactor experimental

El régimen venezolano completó entre el 18 y el 29 de abril la retirada del material nuclear restante del Reactor Experimental RV-1 del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), una operación que llevaba casi tres décadas incompleta y que la proximidad de los bombardeos del 3 de enero terminó por hacer urgente. La extracción se realizó con la participación de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) de Estados Unidos, el Reino Unido y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El comunicado oficial, difundido por el canciller Yván Gil, señaló que el ataque militar del 3 de enero “en las inmediaciones de las instalaciones del IVIC, a escasos 50 metros del antiguo reactor, incrementó objetivamente el nivel de riesgo y confirmó la urgencia de ejecutar una operación que Venezuela venía solicitando desde hacía largo tiempo”. El material fue trasladado por tierra desde el IVIC, en el estado Miranda, hasta los muelles de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, donde fue embarcado para su disposición final fuera del país.

El RV-1 fue el único reactor nuclear que operó en Venezuela y uno de los primeros de América Latina. Concebido por el científico venezolano Humberto Fernández-Morán, alcanzó la criticidad en 1960 en el marco del programa Átomos para la Paz impulsado por el presidente estadounidense Dwight Eisenhower, que incluyó una donación de 300.000 dólares para su construcción. Funcionó durante décadas como plataforma de investigación en física, radioquímica y producción de radioisótopos, hasta que cesó su actividad en 1991.

En 1997, Venezuela y el OIEA acordaron la clausura definitiva del reactor e iniciaron operaciones de retirada parcial del combustible nuclear gastado. Sin embargo, una parte del material permaneció en las instalaciones bajo condiciones de enfriamiento, control y almacenamiento controlado, a la espera de que los actores internacionales responsables de su origen y recepción adoptaran las medidas necesarias para completar el proceso. Caracas reclamó durante años ante el OIEA la retirada de ese remanente sin obtener respuesta suficiente.

El detonante fue la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, conocida como Operación Resolución Absoluta, que incluyó bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas y culminó con la captura de Nicolás Maduro. Esa madrugada, las instalaciones del IVIC sufrieron daños directos: según informó a EFE el director del instituto, Alberto Quintero, el ataque afectó la red eléctrica del centro y comprometió el suministro en al menos la mitad de sus 24 centros de investigación, donde trabajan cerca de 1.800 personas, así como el sistema de bombeo de agua. El régimen venezolano señaló que también resultaron afectados el Centro de Matemática, el Centro de Física, el Centro de Química, el Centro de Ecología y la Unidad de Tecnología Nuclear.

En la operación de abril participaron el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela, la NNSA —adscrita al Departamento de Energía de Estados Unidos— y el Reino Unido, que asumió la gestión del transporte marítimo especializado. El OIEA supervisó las salvaguardias, realizó la verificación técnica correspondiente y proporcionó capacitación al personal venezolano. El Gobierno no precisó el destino final del material extraído.

Caracas presentó la operación como un gesto de cumplimiento de sus obligaciones internacionales en no proliferación, en particular el Tratado de Tlatelolco —que establece una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe— y el Acuerdo de Salvaguardias con el OIEA. La paradoja que encierra el anuncio no es menor: fue precisamente la acción militar de Washington la que aceleró una cooperación nuclear que durante años había permanecido bloqueada.

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