El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda transnacional dedicada a la trata de personas y la extorsión económica en la provincia de Buenos Aires. El grupo, integrado por ciudadanos venezolanos y colombianos, captaba a migrantes con engañosas promesas de empleo y los sometía a condiciones de explotación, vendiendo muebles en el conurbano. También engañaba a clientes con préstamos usurarios.
La investigación comenzó tras detectar maniobras delictivas en las que un grupo de personas extranjeras, lideradas por un ciudadano venezolano, reclutaba compatriotas a través de contactos personales y redes sociales.
Según detallaron las autoridades, ofrecían oportunidades atractivas de trabajo y hospedaje, pero el objetivo real era hacerlos caer en un esquema de “esclavitud económica”.
Fuentes policiales explicaron a Infobae que las víctimas terminaban forzadas a vender muebles y artículos de hogar en la vía pública, como forma de “pago” de una deuda impuesta por los propios tratantes, en concepto de traslado y alojamiento.

Tras las primeras averiguaciones, en la localidad bonaerense de Bosques, partido de Florencio Varela, agentes de la PFA hallaron a cuatro personas de origen venezolano viviendo en estado de hacinamiento, explotadas laboralmente por sus empleadores.
Estas víctimas, luego de ser asistidas por el programa nacional de rescate del Ministerio de Justicia, contaron que la banda les sacaba los documentos de identidad y les exigía ofrecer muebles precarios en distintas zonas del conurbano. Debían transportar estos productos, muchos de gran tamaño y peso, utilizando carros metálicos, y venderlos en cuotas.
Pero el accionar del grupo no se limitaba a la venta en la calle. Durante las transacciones, los integrantes de la organización ofrecían préstamos “gota a gota” a los compradores, con intereses que podían alcanzar el 600% anual.
Estas líneas de crédito, que no requerían garantías, duplicaban o triplicaban la deuda y, ante cualquier atraso en los pagos, la banda iniciaba un proceso de extorsión: los deudores podían perder casas, autos y otras pertenencias.

Al avanzar en la causa, a cargo de la Fiscalía Federal de Quilmes que conduce Alejandro Saibene, los investigadores localizaron otros tres domicilios vinculados a la organización: uno en Lomas de Zamora, otro en Presidente Perón y otro más en Bosques. En esos sitios funcionaban una mueblería, un depósito y los lugares donde la banda planeaba las amenazas y el cobro de deudas a través de billeteras virtuales.
Luego, el Juzgado Federal de 1° Instancia de Quilmes, dirigido por el juez Luis Armella, ordenó cuatro allanamientos en total.
En los procedimientos, la policía detuvo a todos los miembros de la organización: cinco hombres venezolanos (incluido el cabecilla), otro hombre colombiano, tres mujeres venezolanas y dos colombianas. También secuestraron más de 13 millones de pesos en billeteras virtuales, 980.000 pesos en efectivo, una camioneta, un coche, dos motos, 254 muebles, carros metálicos y documentación relevante para el expediente.
Según se pudo saber, varias de las personas ahora detenidas tenían situaciones migratorias irregulares en el país. Todos quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 26.842 de Trata de Personas.

En cuanto a la modalidad conocida como “gota a gota”, hay que decir que este tipo de delito no es nuevo en el país: en 2018, el Ministerio Público Fiscal ya alertaba sobre los riesgos de este tipo de actividad.
Según advierte un artículo publicado por el sitio oficial fiscales.gob.ar, del MPF, el sistema de préstamos “gota a gota” funciona al margen del circuito bancario y presenta características típicas de estructuras criminales: ausencia de regulación, uso de identidades falsas, violencia en los cobros y lavado de dinero.
Las autoridades detallaron que estos esquemas suelen establecerse en barrios populares a través de prestamistas que aparentan ser vendedores ambulantes o pequeños comerciantes. Una vez que entregan el dinero, comienzan las amenazas. La tasa de interés puede multiplicar varias veces la de una financiera formal. También se mencionan casos de personas que fueron golpeadas o extorsionadas por atrasarse en los pagos.
Un antecedente reciente se conoció en abril pasado, cuando la Policía de la Ciudad detuvo a tres ciudadanos colombianos que se dedicaban a otorgar préstamos informales con intereses desmedidos a víctimas que, luego, amenazaban para asegurar el cobro.
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