Luego de que volviera a ser investigado por presuntos negocios irregulares, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó la detención del financista Daniel Casanovas y su esposa, Samanta Bravo, este viernes. De esta manera, el matrimonio quedó a disposición de la Justicia en el barrio privado Funes, ubicado en la provincia de Santa Fe.
La detención fue solicitada por el fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Rosario, que se encuentra a cargo de la investigación sobre la situación del acusado. La misma contó con la colaboración con la Justicia de Salta.
De acuerdo con las fuentes oficiales de la causa, en esta oportunidad, el empresario estaría sospechado de presuntamente haber orquestado múltiples estafas. Respecto a su mujer, sería acusada de supuestamente haber encubierto las maniobras.
Como parte de las medidas judiciales, la pareja permanecerá detenida hasta la audiencia prevista para el miércoles 27 de agosto de 2025 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Según la información publicada por La Capital, se trata del segundo proceso penal que enfrentará el matrimonio, tras haber sido imputados en mayo de 2023 por retención indebida de granos respecto a la empresa Cereales del Sur.
En esa oportunidad, la firma había convocado a los acreedores en 2019 y se conoció que tenía una deuda de 450 millones de pesos. Por esto, la fiscal María Celeste García Pisacic les atribuyó la expedición de cheques sin fondos y el desbaratamiento de derechos acordados, pero ambos fueron liberados después haber asistido a la audiencia de imputación.
Ya en 2021, el MPA abrió otra investigación al haber recibido denuncias en contra de Casanova por presunta estafa, administración fraudulenta y violaciones del reglamento del warrant, es decir, los valores negociables en la Bolsa. Según constó en el expediente, las presuntas víctimas habrían tenido una pérdida que rondaba los 4 millones de dólares.
El matrimonio no solo estaba a cargo de la cerealera, sino que también figuraban como administradores de la firma Rosario E. Trade. Esta también fue denunciada, luego de que inversores reportaran pérdidas económicas tras haberles entregado grandes sumas de dinero.
Después de que ambos fueran imputados, el fiscal Moreno no había considerado necesario pedir la prisión preventiva. Sin embargo, el juez Gustavo Pérez de Urrechu concedió la petición de inhibir bienes y congelar cuentas bancarias del matrimonio Casanovas-Bravo. Además de esto, les prohibieron salir del país y les exigieron la entrega de sus pasaportes.
Mientras avanzaban los expedientes penales, la Justicia civil también falló contra el financista. Pues, en julio pasado, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 13 resolvió que Casanovas pagara una indemnización real superior a 7 millones de pesos para una demandante.
En la sentencia, también lo condenaron a abonar una multa por daño punitivo, luego de que la Justicia considerara que la víctima recibió un “trato indigno” como ahorrista de Daniel A. Casanovas y Asociados S. A., entidad que se encuentra bajo fiscalización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En este sentido, el veredicto estableció la responsabilidad directa del agente de liquidación y compensación propio (ALYCP) por el incumplimiento contractual. Frente a esto, los demandados, representados por Casanovas, desestimaron la acusación e intentaron desligarse del reclamo judicial, planteado originalmente en febrero de 2020. No obstante, la magistrada Verónica Gotlieb ratificó la obligación de realizar el pago en favor de la damnificada.
El proceso judicial continúa en distintas instancias y jurisdicciones, tras la ola de denuncias presentadas en los últimos seis años por ahorristas, productores y diversos inversores contra las sociedades gestionadas por Casanovas y Bravo. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el universo de activos bloqueados hasta concluir la investigación penal en marcha.
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