La Justicia penal de Santa Fe confirmó el congelamiento de cuentas por aproximadamente 1,3 millones de dólares en criptoactivos, que podrían estar vinculadas al juego clandestino online. La resolución se dio en el marco de una investigación que inició el año pasado a partir de una denuncia del Gobierno provincial.
El juez de la Cámara de Apelación Penal, Fabio Mudry, ratificó la decisión del juez Sebastián Creus, quien el 18 de junio había revocado una resolución de primera instancia que establecía medidas cautelares menos rigurosas. Dicha decisión había sido cuestionada por el vicepresidente Ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, junto a los ministros José Goity y Victoria Tejeda.
“Rechaza la totalidad de los agravios de las defensas apelantes, confirmando la resolución de fecha 18 de junio de 2025, dictada por el juez del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de Santa Fe, Sebastián Creus”, señaló el fallo judicial.
Según la información obtenida por Rosario3, Mudry fundamentó que el caso se trataría de un delito complejo con una estructura institucional y financiera transnacional, bajo la sospecha de que las cuentas digitales y las transferencias permitieron la concreción del ilícito.
“Los fondos que pasaban de una cuenta a otra para luego ser transformados en criptoactivos, son los efectos, es decir, lo obtenido como producto del delito”, argumentó el juez de la Cámara de Apelación Penal, tras evaluar la modalidad de la red.
La causa se inició en mayo de 2024, luego de que el Gobierno de Santa Fe radicara una denuncia contra 385 sitios de apuestas online. La misma involucró a tres empresas de capitales brasileños: Transfero Pagamento S. A., Transfero SRL y Bluegreen S. A., que se cree que habrían sido utilizadas para mover los fondos del juego ilegal.
Hasta el momento, el expediente tiene a siete personas imputadas por el delito de “organización de juego de azar sin autorización”. Los acusados fueron identificados como Alejandro Antonio Gelormini, Natalia Soledad Salinas, Agustín Suarez Araujo, Santiago Corbetta y los brasileños Claudio Marcos Just Calvancante y Carlos Eduardo Franco Russo.
Mientras que los extranjeros serán defendidos por los abogados Federico Kiener y Mariana Oroño, se confirmó que la séptima imputada, Justina García de la Peña, será asistida por Ignacio Alfonso Garrone. La investigación estuvo a cargo del fiscal Agustín Nigro, que ya cuenta con acusación y tiene audiencia preliminar prevista para el 22 de agosto.
No obstante, la causa cuenta con una peculiaridad procesal, debido a que se permitirá que haya dos querellas. Estos serán la Fiscalía de Estado y el Casino de Santa Fe, que se consideraron afectados por las operaciones de juego ilegal online.
En la última instancia, la defensa de los imputados apeló para morigerar las medidas cautelares, que implicarían el congelamiento de las cuentas detectadas en billeteras virtuales y criptoactivos. Tras esos planteos, el fiscal de Cámara, Carlos Arietti, pidió confirmar lo resuelto y que en el juicio se determine la titularidad de los activos actuales.
“Lo cautelado busca asegurar el decomiso, en tanto se trata de un delito pluriofensivo, que se vincula con un fenómeno social que involucra graves patologías”, explicó el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) al señalar que esto incidiría en el fomento de los casos de ludopatía.
La decisión del juez Mudry sostiene que existirían elementos suficientes para vincular a los imputados con la organización y administración de apuestas no autorizadas. Asimismo, indicó que los acusados “tuvieron participación en distintos grados de responsabilidad”.
“Todos coadyuvaron con su accionar para la organización, captación y administración de apuestas y juegos de azar no autorizados legalmente”, sostuvo el magistrado. Finalmente, remarcó que la medida cautelar sobre los activos se encontraría plenamente fundada y respondería a la necesidad de asegurar el decomiso de los bienes vinculados al delito, en tanto la discusión de fondo deberá darse en el debate oral.
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