El martes, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, comenzó el juicio oral en la sala 10 contra Antonela Celeste Ortiz, oficial policial de 35 años, acusada de asesinar a su vecino Maximiliano Lucero, de 33 años, después de una discusión ocurrida en septiembre de 2022 en el barrio Nuevo Alberdi.
La familia de la víctima reclama una condena que siente precedente, mientras que la Fiscalía solicitó una pena de 22 años de prisión para Ortiz. El tribunal encargado está integrado por los jueces Trinidad Chiabrera, Silvana Lamas González y Carlos Leiva.
Según la acusación presentada por el fiscal Lisandro Artacho, del Equipo Fiscal Transitorio en Violencia Altamente Lesivas, los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de 2022 a las 12.15 en la calle Matheu al 3400, en Nuevo Alberdi. Lucero, vecino de la imputada y trabajador de una hamburguesería, se acercó a la vivienda para reclamar una deuda pendiente por una garrafa.
Durante el intercambio se produjo una discusión y, de acuerdo con la Fiscalía, Lucero arrojó una piedra a la puerta sin causar daños físicos. En ese momento, Ortiz, quien se encontraba con carpeta médica pero conservaba en su poder el arma reglamentaria, salió de la casa y efectuó un disparo con una pistola Taurus calibre 9 milímetros. El proyectil impactó en la zona frontal del cráneo de Lucero, provocando su muerte en el lugar, según informó el portal El Ciudadano.
La oficial llevaba doce años en la fuerza. Luego del hecho, intentó desviar la investigación acusando inicialmente a su pareja, Damián Solís, como responsable del disparo. Sin embargo, la pesquisa judicial y los peritajes permitieron establecer su autoría material en el homicidio.
Durante la primera jornada del juicio, el fiscal Artacho describió los indicios en contra de Ortiz, subrayando la existencia de pruebas y testimonios que refuerzan la versión de la familia Lucero. El Ministerio Público de la Acusación busca una condena firme de 22 años de prisión para la oficial.
La madre de Lucero, Luisa Pourpour, fue una de las voces protagonistas tras el crimen. Relató que llegó al lugar cuando su hijo aún agonizaba en plena calle tras el disparo. En declaraciones a medios locales expresó su indignación por la reacción de los agentes llegados al lugar: “Los milicos se reían. Ahí, todos esos que estaban ahí: «Déjalo, que se muera total, es un negro de la villa». ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué tanto odio?”, cuestionó.
Pourpour insistió también en que su hijo no era un delincuente, sino un trabajador que aún conservaba el uniforme de la hamburguesería donde se desempeñaba al momento del ataque.
Ortiz fue detenida inmediatamente tras el hecho y permanece bajo prisión preventiva desde ese día. La causa avanza bajo la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla penas severas en el Código Penal. La defensa planteó inicialmente una estrategia para desviar la responsabilidad hacia Solís, pero la investigación recogió elementos que refutaron esa versión.
El juicio, que se prevé concluirá este viernes 8 de agosto, enfrenta distintas expectativas dentro y fuera de la sala.
El desarrollo de las audiencias y la presentación de pruebas serán determinantes para la resolución del tribunal. La familia de la víctima y organizaciones de derechos humanos sostienen que el fallo marcará un precedente para casos similares que, aseguran, persisten en distintas jurisdicciones del país.
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