Así operaba la banda de policías que aterrorizaba a jubilados para robarles joyas y armas

Nicolás Ezequiel Hillier, oriundo de Bernal, tiene 32 años. Había ingresado a la Policía de la Ciudad tras ser parte de la PFA, en el traspaso de 2017. Mauro Javier Gorriz, de Los Polvorines, tiene 38, un hombre de la fuerza porteña también. Raúl Alejandro Rojas es otro ex PFA que pasó a la fuerza de la Ciudad, 42 años, con domicilio en Tortuguitas. Brian Abel Colora, 31 años, familia en El Talar, mismo uniforme, tal como Angela Stephanie Espinoza Luna y Gerardo Damián Cepeda.

Hoy, todos están condenados. Muchos de ellos, presos en cárceles federales. El delito por el que fueron encontrados culpables: robarle a jubilados en medio de falsos allanamientos. Incluso, de intentar extorsionarlos.

Todos ellos fueron sentenciados el 15 de noviembre de 2022 por el Tribunal N.º 11 porteño; el veredicto fue confirmado en octubre de 2024 por la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional, integrada por los jueces Eugenio Sarrabayrouse, Daniel Morín y Horacio Días, que semanas más tarde rechazó los recursos federales de varios de ellos.

Hillier, el más complicado, recibió una pena de nueve años, más una década de inhabilitación para ejercer cargos públicos; Gorriz, Rojas y Espinoza Luna, por su parte, recibieron seis y siete años de prisión respectivamente. Hubo un octavo policía que recibió una pena menor y que se consideró cumplida por su tiempo en prisión preventiva.

La imputación es un párrafo en sí misma. Hillier, por ejemplo, fue condenado por cinco hechos de hurto agravados por haber sido perpetrado por un miembro de una fuerza de seguridad, más otro hecho de tentativa de extorsión, y un robo en poblado y en banda cometido con una llave robada, todo en el marco de una asociación ilícita.

Los uniformes de la traición

El primer ataque de la banda ocurrió el 6 de julio de 2020. Raúl Rojas, Ángela Espinoza Luna, Mauro Gorriz y Nicolás Hillier alrededor de las 19.30 horas, de acuerdo al fallo de la Sala II, acudieron al llamado de un hombre de 91 años. Allí, en su departamento de Caballito, “intentaron extorsionar a la víctima y le sustrajeron alrededor de 152.000 pesos, alhajas de oro varias con un peso aproximado de 900 gramos, la llave de un vehículo marca Ford Falcon y documentos de dos plazos fijos”.

Horas más tarde, fueron por la hermana del hombre, una mujer en ese entonces de 92 años, hoy fallecida. Allí, le quitaron un título de abogada, un pasaporte y certificados varios de cursos de Derecho Penal.

El verso del intento de extorsión fue particularmente insidioso. Rojas, Hillier, Espinoza Luna y Gorriz llegaron con sus uniformes al departamento del hombre y “alegando que pertenecían a la comisaría vecinal 9 C de la Policía de la Ciudad, estaban allí para realizar un allanamiento”.

Allí, Espinoza Luna le exigió 50 mil dólares ya que, supuestamente, le habían encontrado droga al hijo del jubilado. Peor todavía: uno de los policías ofició de testigo falso del falso allanamiento. En ese procedimiento de mentira, donde se cometió el robo, los policías se llevaron la llave de la hermana.

El intento de extorsión fracasó. Los registros en primera y segunda instancia del fuero federal porteño no contienen ninguna causa narco en donde el hijo del jubilado haya sido condenado. Brian Colora, en este hecho, sirvió de apoyo logístico: puso su casa como base de operaciones.

Colora también fue útil en el segundo ataque, que ocurrió el 14 de julio de ese mismo año. Las víctimas, una pareja, tenían 96 y 94 años. De acuerdo a la investigación, el oficial primero Brian Colora y el inspector Mauro Javier Gorriz simularon una diligencia. Tras ganar la confianza de ambos jubilados, lograron entrar a su casa para robarles las llaves. Así, volvieron. Entre las 2 y las 3 AM del día siguiente, Espinoza Luna, Rojas, Gorriz y Hillier volvieron para maniatar y golpear a la pareja. Les robaron 200 mil pesos de aquel entonces, así como un revolver Smith & Wesson calibre .44. Al menos dos de los policías, vestidos de civil, oficiaron de campana.

Casting

Para ese entonces, Hillier y sus cómplices se habían envalentonado, afilado sus métodos cobardes. Un año antes, en agosto de 2019, Hillier -en ese entonces jefe de calle de comisaría-, Barrientos y Cepeda llegaron a la casa de un empresario inmobiliario de 44 años que llamó al 911 para reportar una crisis psiquiátrica de su hermano. De paso, aprovecharon para llevarse 2500 dólares. Pocas semanas después, Hillier respondió a otro llamado al 911, realizado por una jubilada. El botín fueron siete relojes suizos.

Durante el juicio en su contra, los acusados disputaron las pruebas presentadas, sin éxito. La información que recibían como policías -información privilegiada- era la clave para escoger a sus víctimas. “Esta banda criminal escogía a personas mayores con quienes se tenía contacto producto de algún sumario o diligencia judicial”, asegura un informe de la PFA, que investigó la causa.

Según determinó el análisis a sus celulares realizados por la DATIP, el área pericial de la Procuración, los partes de policía que llegaban a sus teléfonos eran materia prima de alta calidad. El 18 de marzo de 2021, según la causa, Hillier y Rojas mantuvieron una breve comunicación. Uno le envió un informe de policía al otro sobre un episodio de violencia doméstica en un departamento de la avenida Jujuy, en el que ninguno de los dos intervenía. Una de las víctimas tenía 80 años.

“Se ve piola éste”, le dijo Hillier a Rojas. “Está fácil el partido. ¿Qué decís?“, le preguntó.