
Un crimen ocurrido hace dos años en el partido de General Rodríguez, relacionado con disputas por la comercialización de estupefacientes, desencadenó una investigación que expuso un entramado de puntos de venta de drogas, una red organizada que operaba en distintos barrios del partido bonaerense. En las últimas horas, cayó el segundo al mando de la banda, cuyo líder está prófugo. Pero desde la denuncia original son en total 17 los apresados.
El caso, bajo la órbita de la Fiscalía especializada en Estupefacientes UFI Nº12, a cargo de Leandro Ventricelli y Ezequiel Freydier, llevó al desarrollo de una serie de allanamientos, detenciones y secuestros de droga, dinero y vehículos y donde actuó la División Operaciones Área Metropolitana Norte de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA.
Pero también puso en evidencia el nivel de conflictividad que, según las autoridades judiciales, se desprende del narcotráfico en la zona.

Todo comenzó en 2023, con una denuncia puntual que indicaba la existencia de domicilios utilizados para la venta de drogas. Esa información inicial permitió a los fiscales impulsar una primera etapa de actuaciones que incluyó registros y detenciones de siete sospechosos vinculados directamente a la comercialización de estupefacientes. Sin embargo, con el paso de los meses, la situación escaló.
Uno de los puntos que alteró el curso de la investigación fue un homicidio en la zona de Altos del Oeste, relacionado directamente con disputas surgidas en torno al tráfico de sustancias. Ese crimen, motivó nuevas medidas. A través del análisis de comunicaciones, entrecruzamiento de llamadas, evidencia digital, tareas de identificación criminal y estudios financieros, se logró delimitar un grupo más amplio de personas involucradas y se solicitó una segunda tanda de allanamientos con intervención de los Juzgados de Garantías.
La Secretaría de Justicia y Política Criminal del Municipio de General Rodríguez también aportó datos que complementaron la investigación y facilitaron los pedidos de registros domiciliarios y órdenes de detención. Según indicaron fuentes del caso, uno de los objetivos fue el presunto jefe de la organización, cuya identidad ya fue individualizada y que permanece con pedido de captura vigente.

11 allanamientos
Este martes, durante la madrugada, se concretaron 11 allanamientos en viviendas y kioscos de General Rodríguez y Derqui, partido de Pilar, con un despliegue que involucró a 200 agentes de distintas fuerzas.
En los procedimientos fue capturado quien se encargaba de distribuir la droga y suministrar armas a quienes custodiaban los puntos de venta, conocidos como “búnkeres”. También fue arrestado uno de los presuntos testaferros de la estructura.
Uno de los detenidos fue identificado como Franco Andrés Montiel, señalado en la causa como mano derecha del líder. Según los investigadores, dominaba el territorio en Altos del Oeste.
Las autoridades también se dirigieron con una orden de captura a la casa del cabecilla, en Derqui. Pero no lo encontraron. Quien sí estaba en esa vivienda era la pareja: la mujer fue aprehendida. Allí, los agentes además incautaron droga, dinero ($216.900) y un kit de conversión pistola marca Taurus, calibre 9 mm y con numeración suprimida, además de una docena de cartuchos de bala.

Entre los elementos secuestrados figuran un kilo y medio de marihuana, 200 dosis de cocaína y marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y vehículos de alta gama, tanto autos como motocicletas.
Desde la denuncia original hasta el operativo de este 1 de julio, se formaron 14 causas penales, se detuvo a 17 sospechosos y se derribaron dos búnkeres ubicados en General Rodríguez.
Más recursos
La Fiscalía General del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez dictó la resolución 24/24, por la cual se establece que todas las fiscalías de la jurisdicción deberán coordinar sus actuaciones con la UFI 12 cuando se detecten hechos vinculados al tráfico de drogas. La medida incluye además la articulación con la Justicia Federal, en especial con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
En paralelo, se solicitó la intervención del Ministerio de Seguridad y de los municipios locales para garantizar que los inmuebles registrados durante los operativos no vuelvan a ser utilizados con fines delictivos.

En esa línea, la Fiscalía General dispuso reforzó la dotación de la UFI 12 con un agente fiscal adicional y un funcionario con sede permanente en General Rodríguez. La intención, según el texto oficial al que accedió este medio, es mejorar la capacidad de respuesta ante casos complejos y permitir la investigación de homicidios asociados al narcotráfico.
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