Juicio por la muerte de Maradona: múltiples allanamientos relacionados con el escándalo del documental clandestino

El juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona está viviendo horas dramáticas. Y la razón es, insólitamente, un documental clandestino que se estuvo grabando durante las audiencias del juicio sin autorización de las partes, pero con el permiso de una sola persona que no le habría avisado a nadie: la jueza Julieta Makintach.

A raíz de esto, se inició una causa penal paralela donde se investiga a cuatro personas que habrían estado en las audiencias. Tres de ellos fueron identificados. En ese contexto, en los últimos minutos se llevaron a cabo una serie de allanamientos en domicilios particulares y productoras audiovisuales.

El expediente, que investiga a las cuatro personas que estuvieron dentro de la sala del tribunal grabando un documental, es llevado a cabo por tres fiscales: Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo. Según los datos que pudo recopilar Infobae, se trata de dos hombres y dos mujeres. Una de ellas aún no pudo ser identificada. En cuanto a los dos hombres, se sabe que trabajan o son titulares de dos productoras audiovisuales.

Vale aclarar que hay varios puntos que tornaron esta situación sumamente escandalosa. Lo primero es que la jueza Makintach admitió ser ella quien autorizó a que estas personas entren y graben cuando eso estaba prohibido. ¿Por qué motivo les dio exclusividad a esas personas en detrimento de los demás medios de comunicación? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Otro punto, si es cierto que había un documental llevándose a cabo, ¿por qué la jueza no avisó a nadie de esa situación? Interrogante sin respuesta. Por último, si se comprueba que los acusados trabajan para productoras audiovisuales, ¿por qué lo negaron categóricamente cuando fueron consultados durante la última audiencia y dijeron que eran simples curiosos? Un misterio.

Fuentes consultadas por este medio, confirmaron que en total son seis los lugares que fueron allanados por la justicia. Cuatro de ellos están en el conurbano bonaerense y dos en la Ciudad.

“Lo que se busca en los operativos es documentación que permita acreditar cuál era el verdadero motivo por el cual estas personas estaban grabando dentro de la audiencia y, además, intentar encontrar las grabaciones que registraron para poder saber a ciencia cierta con qué material cuentan”, explica una fuente policial.

Las dos productoras allanadas son: La doble S.A y Feel Co. La primera de ellas se ubica en la Ciudad de Buenos Aires y la segunda en Vicente López, puntualmente en Villa Martelli. Se sospecha que pueden estar ligadas a la grabación del documental clandestino. Los respectivos responsables de ambas empresas fueron captados presenciando el juicio y tomando imágenes sin más autorización ni permiso que el que les otorgó la jueza Makintach.

En cuanto a los domicilios, según fuentes judiciales, se realizaron operativos en Villa Urquiza, Olivos y en dos casas en San Isidro.

El pasado martes, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro resolvieron suspender por 7 días el juicio por la muerte de Diego Maradona luego de que este escándalo salga a la luz.

El debate se reanudará el 27 de mayo a las 10:30. El juez Maximiliano Savarino, quien preside y dirige el juicio, comunicó la decisión luego de un breve cuarto intermedio en el que se resolvió sobre el pedido que había realizado la Fiscalía. “Entendemos que es un plazo razonable que garantiza que el tribunal pueda resolver la cuestión”, alegó.

Asimismo, informó a todas las partes que para el próximo martes, cuando se reanude el juicio, será necesario que asistan nuevamente los siete imputados en la causa, tal como en las primeras audiencias.

Luego de la comunicación de la decisión del Tribunal y antes de que se diera por finalizada la jornada, la jueza Makintach pidió la palabra: “Entiendo la zozobra de todos. Estoy convencida de mi imparcialidad y no hay sospechas que puedan comprometer mi honor ni prestigio”.

Además, agregó: “Ojalá alcance a dar las razones del caso. En caso de que haya algo que esté en peligro, quizá sea yo la que me aparte. Para denunciar a un juez hay que tener motivos serios y fundados porque las instituciones están en juego y la trayectoria también”.