
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó este lunes una serie de aseguramientos e incautaciones contra bienes vinculados presuntamente a una estructura criminal relacionada con Magdaleno Meza Fúnez, considerado una de las figuras más señaladas dentro de redes ligadas al narcotráfico en Honduras.
La operación incluyó el aseguramiento de cuatro bienes inmuebles y dos empresas mercantiles que, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido utilizados para ocultar patrimonio de origen ilícito y facilitar operaciones financieras relacionadas con actividades criminales.
Las autoridades informaron que estos bienes no habían sido intervenidos anteriormente ni entregados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por lo que permanecían fuera del control estatal.
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Operativos antidrogas
De acuerdo con el expediente investigativo, las diligencias iniciaron luego de recibir información sobre un millonario préstamo suscrito en 2018 entre Óscar Roberto Acosta Zepeda y personas vinculadas a la estructura criminal.
Como parte de ese acuerdo financiero, se habría hipotecado una extensa propiedad de más de 1,200 manzanas ubicada en el municipio de Cedros, departamento de Francisco Morazán.
Tras el supuesto incumplimiento de pago, integrantes de la organización criminal habrían iniciado maniobras para apropiarse ilegalmente del terreno.
Las investigaciones revelan que miembros de la estructura, junto con abogados y colaboradores, habrían utilizado amenazas, presiones y recursos legales para tomar control de la propiedad.
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Uno de los hallazgos más relevantes del caso apunta a que el verdadero interés sobre el inmueble no era únicamente económico.

De acuerdo con autoridades, el terreno habría sido estratégico para la construcción de una supuesta narcopista clandestina destinada al aterrizaje de aeronaves vinculadas al tráfico internacional de drogas.
Las investigaciones señalan que la ubicación y extensión de la propiedad permitían desarrollar operaciones aéreas ilegales relacionadas con estructuras dedicadas al narcotráfico.
Este tipo de pistas clandestinas han sido utilizadas históricamente por organizaciones criminales para movilizar cargamentos de droga provenientes de Sudamérica hacia otros países de la región.
Defraudación fiscal
La ATIC también determinó que la estructura utilizaba múltiples sociedades mercantiles, identidades y nombres de terceros con el propósito de ocultar propiedades y dar apariencia de legalidad a bienes obtenidos presuntamente de manera ilícita.
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Las autoridades sostienen que estas maniobras buscaban dificultar el rastreo financiero y evitar que los activos fueran vinculados directamente con integrantes de la organización criminal.
El uso de empresas fachada, prestanombres y movimientos financieros simulados forma parte de los métodos más utilizados por redes del narcotráfico para lavar activos y proteger patrimonio.
Entre los bienes asegurados destaca una propiedad ubicada en el departamento de Santa Bárbara, identificada por las autoridades como un supuesto domicilio utilizado por Magdaleno Meza Fúnez.
Durante las inspecciones realizadas en el lugar, agentes localizaron barriles enterrados que contenían supuestos precursores químicos, materiales que serán sometidos a análisis especializados para determinar su composición y posible relación con actividades ilícitas.
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El hallazgo incrementó las sospechas sobre las operaciones que presuntamente se desarrollaban dentro de la propiedad.
Investigaciones continúan abiertas
El Ministerio Público indicó que las investigaciones siguen en curso y no se descartan nuevas acciones relacionadas con esta estructura criminal.
Las autoridades buscan establecer la participación de otras personas, empresas o colaboradores que habrían intervenido en la adquisición, administración o protección de bienes vinculados al grupo investigado.
También se analiza la posible comisión de delitos relacionados con lavado de activos, asociación para delinquir, narcotráfico y testaferrato.
La operación ejecutada por la ATIC forma parte de las estrategias impulsadas por el Ministerio Público para debilitar financieramente a estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en Honduras.
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