
Expresidentes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo Idea) se manifestaron este lunes en relación con las protestas sociales y pedidos de renuncia que enfrenta el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
En una carta abierta, 31 exmandatarios —entre ellos los bolivianos Jeanine Añez (2019-2020) y Jorge Quiroga (2001-2002)— pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a España “vigilar las protestas” en el país, al considerar que “la manipulación política de la protesta social, en la experiencia de Bolivia, se direcciona a afectar la estabilidad de las instituciones democráticas”.
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“Urgimos a los gobiernos democráticos de España y las Américas se mantengan vigilantes y al secretario general y al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos disponer las medidas de prevención que les exige, al efecto, la Carta Democrática Interamericana”, expresaron en la misiva firmada por figuras como el expresidente mexicano Vicente Fox, la costarricense Laura Chinchilla, el español Mariano Rajoy, el colombiano Iván Duque y el argentino Mauricio Macri, entre otros.
El Grupo Idea señaló que Bolivia tiene “un gobierno legítimo, producto del ejercicio libérrimo de la soberanía popular” que inició su gestión en noviembre pasado tras ganar el balotaje con el 55% de los votos.
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Bolivia enfrenta desde inicios de mayo una sucesión de protestas sociales que iniciaron con demandas sindicales —como aumento de salarios y el rechazo a una ley de reclasificación de las tierras—, pero que pronto derivaron en pedidos de renuncia contra Paz.
Los conflictos se radicalizaron el 6 de mayo, cuando la Federación de Campesinos Túpac Katari, compuesta por pobladores del altiplano, organizó un bloqueo “indefinido” en carreteras del occidente para exigir la renuncia del mandatario, que prácticamente tiene cercada La Paz desde entonces. A este grupo se sumaron dirigentes de la Central Obrera Boliviana y del movimiento indígena Ponchos Rojos.
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En paralelo, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron una marcha de 190 kilómetros que el lunes llegó a La Paz, donde confluyó con manifestaciones de otros sectores, entre ellos mineros cooperativistas y maestros rurales. Las protestas derivaron en hechos de violencia y vandalismo con ataques a instituciones públicas y estaciones del teleférico, además de saqueo en algunos negocios y la quema de un vehículo policial.
Según denunció el vocero presidencial, José Luis Gálvez, se identificaron pedidos para que los manifestantes porten armamento durante las protestas. Sin embargo, no se ha registrado ningún herido ni fallecido por armas de fuego de parte de la Policía ni de los manifestantes hasta ahora.
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El Gobierno ha mantenido en este tiempo una política de diálogo con los sectores que tienen demandas sindicales, pero ha criminalizado a quienes exigen la renuncia del presidente, acusándolos sin pruebas de recibir dinero del narcotráfico.
Ante la escalada de conflictos, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, descartó dictar estado de excepción, pero aseguró que se van a reforzar controles policiales y militares para evitar la escalada de violencia.
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La carta del Grupo Idea también expresa su preocupación por la escasez de algunos alimentos y productos básicos en La Paz, que está prácticamente cercada desde hace 13 días.
A pesar de los pedidos de diálogo de organizaciones como la Defensoría del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos, el conflicto parece estar lejos de resolverse por el inicio de protestas de otros sectores, como los choferes de El Alto, y la masificación de los piquetes. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras, citado por medios locales, este martes se registran 32 puntos de bloqueo en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, diez más que los registrados el día anterior.
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