Un jubilado se hizo pasar por un apoderado del PAMI para ejecutar estafas millonarias

Roberto V. de Santos Lugares vivía su vida como cualquier otro hombre de su edad. Hoy de 78 años, jubilado, había integrado a comienzos de siglo los directorios de dos empresas, una de ellas dedicada supuestamente al rubro de la salud. La otra, al rubro de la comunicación, con el boom del negocio de los call centers en aquel entonces. Nunca había cometido un delito en su vida. O por lo menos, nunca tuvo una condena por ello.

Y luego, Roberto tuvo una idea.

A comienzos de 2020, conoció a Cristian Martín A., un empresario de Banfield 25 años más joven que él, que había integrado una firma de cobranzas, padre de una hija. Juntos, y con la ayuda de la hija, montaron una obra de teatro, por llamarla de alguna forma.

El fiscal federal Guillermo Marijuán los acusó de crear una asociación ilícita destinada a engañar a sus víctimas con la falsificación de documentos públicos, con organismos como la ANMAT, IOMA, la ex AFIP, el Ministerio de Salud, el Registro Nacional de Reincidencia, el Colegio de Odontólogos bonaerense. También, los acusó de falsificar “cheques emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos de América”, un esquema que comenzó en abril de 2020 y duró hasta noviembre del año siguiente. Así, fueron por sus víctimas, una serie de empresas prestadoras del rubro de la salud.

El empresario de Banfield era el cerebro. Roberto V., aseguró Marijuan, “era el encargado de efectuar las negociaciones y reuniones con las potenciales víctimas de sus engaños”. Para este espectáculo de los chantas, el hombre de Santos Lugares asumió un rol al menos pomposo. Decía ser “Apoderado General Nacional del PAMI” y “Apoderado Cultural del PAMI”. La hija del hombre de Banfield “se ocupaba de la confección de los documentos apócrifos, formularios y transferencias de dinero por canales virtuales”.

Tiempo después, Cristian Martín A. falleció.

El mes pasado, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Roberto V. y a Delfina, la hija del empresario, a tres años de cárcel en suspenso cada uno por integrar una asociación ilícita. Fueron también obligados a pagar una multa irrisoria, 90 mil pesos cada uno, la nada misma de cara al monto del daño que supuestamente causaron. La pena fue parte de un acuerdo: los acusados reconocieron su culpa y la fiscalía de juicio y las defensas optaron por un juicio abreviado.

El primer blanco fue un centro médico de Ezpeleta, al que desplumaron por las sumas de 109 mil pesos y 35 mil dólares. El hecho ocurrió en julio de 2021, “cuando el fallecido Cristian Martin A. les ofreció a los nombrados que su clínica sea prestadora de las obras sociales PAMI, IOMAy OSECAC. Para ello, se presentó como funcionario de aquellos organismos y del Ministerio de Salud de la Nación, y Roberto V. como auditor del PAMI”, continúa el fallo del TOF N°2 que condenó al jubilado. Les propusieron ser prestadores de la clínica San Martín de Ezpeleta, en ese entonces clausurada, reinaugurada en 2023.

Roberto, incluso, fue armado con una serie de credenciales falsas y hasta le pidió a sus víctimas 27 mil pesos “en concepto de gastos y viáticos”. Así, comenzaron las transferencias a la cuenta de Cristian Martín.

Otro blanco fue una empresa de ascensores con base en la capital de Mendoza, por más de un millón de pesos. Cerraron el trato tras almorzar con uno de sus directivos en un restaurant de Recoleta. “Concretamente, le prometieron el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores en el Ministerio de Salud de la Nación, por un monto anual de tres millones de pesos”, sigue el fallo.

Los pagos se hicieron a nombre de una empresa que, al menos en los registros comerciales y en la composición del Boletín Oficial, no existe.

El siguiente blanco no fue un jugador del mercado de la salud, sino el encargado del service del Volvo de Cristian Martín. En marzo de 2021, el empresario de Banfield le pagó diversos arreglos con un cheque por 153 mil dólares. El cheque luego fue rechazado por falta de fondos. En el medio, Cristian y Roberto se presentaron en su oficina de Lomas de Zamora para ofrecerle la adjudicación “del servicio de mantenimiento de automotores, ambulancias, carritos y camionetas; como así también el acceso a un crédito PYME para su negocio otorgado por el Banco Nación”. Roberto se presentó con su credencial trucha. Como gesto de buena fe, le dieron un cheque de 560 mil pesos. Le quitaron, al final, 169 dólares y más de 109 mil pesos.

Tras ser denunciados y descubiertos, Roberto y Cristian Martín se negaron a declarar. El descargo de la hija del empresario muerto, en cambio, fue particularmente intenso.

“Mi papá me arruinó la vida”

La joven aseguró al declarar:

“Cuando tenía ocho años, mi papá me abandonó, se borró y desapareció. No pasó dinero ni alimentos. Alrededor de mis quince, dieciséis años mi papá reapareció en mi vida y vino con un relato tratando de volver a entablar una relación padre-hija como debiera haber sido. Esa era su intención. Por un corto período de tiempo se comportó como un padre. Llegó un día en el que me dijo ‘Hija, yo tengo cargos en el gobierno en PAMI, IOMA, en ministerios y entidades gubernamentales. Pero los ministerios, PAMI y IOMA tardan mucho en hacer los papeleos para las empresas. Vos podrías colaborarme con el diseño de lo papeles? Y, yo que tengo cargo se los facilito a las empresas así pueden trabajar más rápido’“, relató ante la Justicia federal.

“Dijo eso mostrándome los papeles. A lo que yo pregunto ‘¿Esto es legal?‘, y él me respondió ‘Obvio que es legal, si yo tengo cargos. Mira si te voy a meter en quilombos, sos mi hija’. Entonces yo le dije ‘Bueno, bárbaro. Los hago’“. Es decir, el empresario involucró a su hija en la asociación ilícita cuando todavía era una menor de edad.

“Mi mamá es docente y yo tenía que ayudarla porque los docentes no ganan un mango. Yo solo quería ayudar a mi mamá, es lo único que yo quería”, continuó. “Mi papá nunca me quiso, solo me usó para esto, que yo pensé que era legal y lo juro por mi abuela que es lo más sagrado que tengo”, continuó. Hasta llegó a reunirse con una de las víctimas, cuando su padre alegó que ella estaba internada por una supuesta apendicitis, lo que también era falso. Allí, se dio cuenta de que todo lo que decía su padre era una mentira.

Víctima o no, fue condenada igual en la Justicia. A sus imputaciones, el fiscal Marijuán sumó otra particularmente grave: “la falsificación de dos cheques del Tesoro de los Estados Unidos, emitidos en el año 2020 -erróneamente denominados bonos extranjeros-, registrados bajo el n° B158,644,602 por un valor de US$500.000, y U$1.100.000″.

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