En septiembre de 2024, una mujer pidió por su hijo en los tribunales de la calle Talcahuano. Se presentó en el Tribunal Oral N°26, donde el joven, preso hace casi un año en una dependencia de la Policía de la Ciudad, esperaba ser juzgado. Por escrito, ofreció ser la garante de su excarcelación, junto con una fianza de un millón de pesos. La propuesta fue rápidamente denegada.
Hasta aquí, nada fuera de lo común. Las madres suelen pedir por sus hijos detenidos. Cualquiera que camine con cierta frecuencia los pasillos de los juzgados y fiscalías a fuero correccional verá a las madres de chicos -menores imputables o apenas mayores de edad-, acusados de robos y hurtos de diversa índole.
Pero la mamá de Santiago M. es una historia distinta. El chico no es un simple ratero: los delitos por los cuales su hijo estaba preso llaman poderosamente la atención no solo por su naturaleza, sino por su perversidad.
Ayer lunes, el Tribunal N°26 condenó a Santiago M. a siete años de cárcel de cumplimiento efectivo, una pena casi ejemplar, dictada por el juez Carlos Rengel Mirat, con un expediente impulsado por la fiscal general Diana Goral. Los hechos enumerados en su contra: “extorsión; ofrecimiento, comercialización, facilitación y distribución de pornografía infantil reiterado en 45 oportunidades; y tenencia de este material con fines inequívocos de comercialización, reiterado en 494 oportunidades”, asegura la condena, a la que accedió Infobae.
El joven de 29 años, con domicilio en Mataderos, saldrá libre el 3 de diciembre de 2030, si ninguna apelación prospera. Santiago llegó a su condena representado por dos abogados particulares. La víctima de esa extorsión, precisamente, fue quien lo denunció, una mujer hoy de 58 años, empleada de una dependencia estatal.
Según documentos de la causa, Santiago habría tenido sexo con su denunciante en abril de 2022. Allí, el joven de Mataderos filmó el acto manera de manera oculta. Luego, según la denuncia, intentó exprimirla para que consiga un trabajo, a pesar de que la historia laboral del joven de Mataderos está atravesada por empleos en blanco, con trabajos menores en cadenas de comidas rápidas y una importante petrolera.
Así, comenzó a extorsionarla, en vivo y por redes sociales, “en el marco de un contexto de violencia sexual, psicológica y de género”, continúa la acusación. “La amenazó con que, en caso de no hacerlo, publicaría, difundiría o enviaría a los familiares, amigos o allegados de la damnificada, una grabación de contenido íntimo que había obtenido bajo engaño y ocultamiento a su víctima”, continúa el expediente.
La situación fue ciertamente grave; la mujer, tras la denuncia, obtuvo un botón de pánico.
Poco después, Santiago fue allanado y detenido a fines de 2023, para ser trasladado a una alcaidía de la Policía de la Ciudad. Le encontraron 190 fotos y 304 videos de material pedófilo en su teléfono Samsung. La sospecha en su contra en la Justicia, alimentada por pericias, era que el joven defendido por su mamá se dedicaría a vender el contenido en grupos de WhatsApp. El expediente habla de “fines inequívocos de comercialización”.
Lo que había en esas fotos y videos, por otra parte, agravó la acusación. En muchos casos, las víctimas en los videos eran menores de 13 años de edad.
La oferta de la madre no fue el único intento para que Santiago deje la cárcel. Su defensa presentó varios recursos para lograr una prisión domiciliaria a lo largo de la marcha del expediente. Siempre fueron denegados: que amenazara a la víctima para que retire su acusación era una de las principales preocupaciones de la Justicia. Otro documento en el expediente habla de “evitar todo posible amedrentamiento en la persona de la damnificada, al menos hasta que preste su formal declaración en debate”.
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