
Se realizó este jueves un operativo en el marco de las investigaciones sobre una estafa a gran escala conocida como “Rainbowex”, un esquema Ponzi basado en criptoactivos. La operación incluyó 22 allanamientos simultáneos en las localidades de San Pedro y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, con un saldo de 10 personas detenidas y la emisión de 2 órdenes de captura internacional con Alerta Roja de Interpol para ciudadanos de Malasia.
Según comunicaron fuentes policiales, los principales sospechosos detenidos fueron identificados como Pablo Mariano Diez (48), Eduardo Maximiliano Braga (30), Rodolfo Andrés Desanzo (38), Luis Alberto Pardo (33) y Facundo Omar Villalba (35).
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A ellos se les sumaron, en calidad de aprehendidos, Washington Elías Velo (33), Alexis Alberto Aguilar (33), Francisco José Molina (27), Daiana Solange García (34) y Roque Esteban Maneiro (20).

Durante el operativo, las autoridades congelaron e incautaron billeteras virtuales y cuentas bancarias de los imputados, totalizando aproximadamente 3,5 millones de dólares estadounidenses en criptoactivos denominados USDT (Tether).
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Por primera vez, se logró solicitar directamente a la empresa Tether, que opera el ecosistema de esta criptomoneda, el congelamiento de dichos fondos. Para ello, se generaron billeteras descentralizadas bajo el control judicial de los agentes fiscales responsables, garantizando el resguardo de los activos incautados.
Además, se secuestraron 23 celulares, 25 prendas con logos de “Knight Consortium” y “Rainbowex”, U$S25.200, $1.140.000, 330 yuanes, 53.000 guaraníes, 50 bolívares, 52 reales, un lingote de oro de 20g, tres notebooks y dos CPU, entre otros elementos de interés para la causa.
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Detalles de la investigación
La investigación estuvo a cargo de las agentes fiscales María del Valle Viviani y María Verónica Marcoantonio, junto con el apoyo de diversas dependencias judiciales y unidades especializadas en ciberdelitos. Participaron el Departamento Judicial de San Nicolás, liderado por. Julio Pérez Carreto, y los agentes fiscales Martín Laius (Junín) y Gustavo Zorzano (Bahía Blanca). Asimismo, el equipo de investigación de criptoactivos de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, dirigido por Gisela Burcatt, con el área de criptoactivos a cargo de Rafael García Borda.
El operativo fue coordinado con la colaboración del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Bonaerense, la Oficina Central Nacional de Interpol y la DINIC del Ministerio de Seguridad de la Nación.
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El sector privado también desempeñó un rol crucial. La plataforma de intercambio de criptomonedas Lemon, junto con empresas de software especializadas, como Chainalysis y Qlue de Blockchain Intelligence Group, facilitaron datos de sus bases y aportaron especialistas para el análisis técnico.

Cómo operaba el esquema “Rainbowex”
Según las investigaciones, Rainbowex se presentaba como una plataforma de intercambio de criptoactivos que prometía ganancias diarias excepcionalmente altas. Los usuarios, tras recibir una invitación y pasar un proceso de verificación, eran añadidos a un grupo de Telegram. Allí, se les enviaban instrucciones en formato de flyer, indicando qué criptomonedas comprar, a qué precio y cuándo vender.
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Sin embargo, el esquema operaba como un sistema cerrado, simulando flujos de dinero sin conexión real a cadenas de bloques públicas. Los administradores manipulaban los saldos visibles para los usuarios y utilizaban criptomonedas ficticias o de baja capitalización para justificar ganancias artificiales. Los inversionistas, al intentar retirar sus fondos, enfrentaban constantes bloqueos bajo excusas técnicas.
El análisis preliminar determinó que se trataba de una estafa piramidal, donde los fondos aportados por nuevos inversores eran usados para pagar a los anteriores, generando una ilusión de rentabilidad. Las autoridades recomendaron extremar precauciones para prevenir que más personas sean afectadas.
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El caso Rainbowex marca un precedente en Argentina al involucrar procedimientos innovadores para rastrear y congelar criptoactivos a nivel internacional. Las acciones coordinadas entre múltiples jurisdicciones y sectores subrayan la creciente importancia de la cooperación para combatir delitos financieros complejos en el ámbito digital.

El caso que destapó todo
El caso se dio a conocer en octubre pasado cuando se radicó una nueva denuncia contra la plataforma RainbowEx, la firma que contrató actores y engañó a cientos de personas en la localidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.
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El sistema de RainbowEx atrajo a numerosos inversores en San Pedro y otras localidades, especialmente en un contexto de crisis económica, debido a las promesas de rendimientos diarios del 1% al 2%. Estas tasas superaron ampliamente las ofrecidas por otros productos financieros tradicionales o incluso por el mercado de criptomonedas. Sin embargo, esta propuesta despertó sospechas por su similitud con los esquemas piramidales, en los que las ganancias dependían en gran medida de la incorporación de nuevos participantes.
Los promotores locales, quienes también se presentaron como inversores, alentaron a otros a unirse al sistema. Los usuarios debían fondear una cuenta en Knight Consortium y seguir “señales de trading” para comprar criptomonedas en RainbowEx. Estas operaciones permitían, según sus promotores, manipular el precio de las criptomonedas y generar ganancias. No obstante, la plataforma utilizada no fue un exchange reconocido en el mercado cripto, y las criptomonedas recomendadas carecían de presencia en los círculos más serios de este mercado.
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Las señales de trading, en su mayoría, provenían de una figura conocida como “La China”, una mujer de origen asiático que, a través de la plataforma de mensajería Telegram, indicaba el momento preciso para realizar las transacciones.
Detrás de RainbowEx está Knight Consortium, una entidad que se presenta como un grupo de accionistas dedicado al mercado de valores, atrayendo a pequeños inversores de diversas regiones del mundo. No obstante, las investigaciones preliminares han señalado que la empresa no está registrada ni cuenta con respaldo legal en Argentina, lo que ha generado serias dudas sobre la legitimidad de sus actividades. Estas sospechas se incrementaron luego de un evento en el Hotel Emperador de Buenos Aires, en el cual se descubrió que algunos de los directivos presentes eran, en realidad, actores contratados.
Uno de estos actores, el polaco Maurycy Lyczko, admitió haber sido contratado por una persona de origen asiático para hacerse pasar por un directivo de la compañía. Según sus declaraciones, le pagaron 1.500 dólares por su participación en el evento, en el cual se entregaron premios a los inversores más destacados.
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