Secuestraron más de 70 celulares, dinero en efectivo y drogas en un importante operativo en la cárcel de Bouwer

La provincia de Córdoba realizó un megaoperativo este lunes en el Penal de Bouwer. Con una lista que tenía una importante cantidad de teléfonos celulares, dinero en efectivo y estupefacientes, las autoridades secuestraron elementos prohibidos durante una requisa que duró alrededor de ocho horas.

El despliegue se realizó en el Paraje Alto El Durazno, en el Km 797 de la Ruta Nacional N.º 36, donde se ubica el Complejo Carcelario N.º 1, formalmente denominado “Reverendo Francisco Luchesse”, e incluyó tanto la cárcel de mujeres como la de hombres.

Según detalló el Ministro de Justicia provincial, Julián López, el procedimiento contó con la participación de “más de mil efectivos, 700 agentes del servicio penitenciario, 250 agentes de la policía provincial, con más de 100 gendarmes que fueron apostados y acompañados”, como colaboración de la cartera nacional. A su vez, portaron herramientas tecnológicas como los scanner de mano, un equipo “que ha permitido llegar a hacer una requisa profunda de todos estos establecimientos”, señaló en diálogo con TN, sobre los cuatro módulos que componen el penal.

Las instituciones fueron el Servicio Penitenciario de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Gendarmería y la Policía de Córdoba. Realizarlo, era parte de la necesidad “para tomar control, garantizar la seguridad de los establecimientos penitenciarios, de los otros internos y de los trabajadores”.

Según dio a conocer La Voz del Interior, entre los elementos figuraban 78 celulares, 4 fuentes de alimentación, 24 cargadores, 11 plaquetas de cargadores, 41 cables USB, 18 chips, un microchip, 9 auriculares, 46 púas carcelarias, un cuchillo de fabricación casera, 188 envoltorios de marihuana; 399 dosis de cocaína y $ 777.400. En cuanto a la tenencia de celulares, el ministro remarcó que en la provincia, esta opción nunca fue autorizada para los internos, por ende “son elementos prohibidos”.

Este operativo se llevó a cabo en el marco de la investigación del delito de asociación ilícita que involucra a la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), el funcionario señaló que se debe a una decisión del Gobierno de Martín Llaryora, cuyo objetivo es “trabajar fuertemente en lo que es la depuración de una fuerza de Seguridad que también ha estado sospechada de corrupción”, y que tuvo como resultado varios detenidos de la cúpula anterior.

“Ni bien asumió (Llaryora) decretó la intervención del servicio penitenciario que fue hasta el 12 de junio de este año”, explicó López. De acuerdo a la pesquisa, habían quedado detenidos, en septiembre del corriente año, otros cuatro jefes del organismo bajo la sospecha de que habrían sido parte de una presunta asociación ilícita.

Una de las cosas que se investiga es la conformación de call centers tumberos y otro tipo de negocios. La investigación aún sigue su curso y que en esta ocasión contó con la revisión del penal bajo la supervisión de López, como figura del Ministerio de Justicia, y Juan Pablo Quinteros, titular de Seguridad. Además, se sumó la jefa del SPC, Carolina Funes, y otros funcionarios provinciales.

Al momento hay más de 20 detenidos, entre ellos abogados, particulares y altos jefes del Servicio Penitenciario de Córdoba. Uno de los primeros en caer fue el subjefe de Bouwer, Alejandro Guzmán.

En tanto, la fiscalía de Enrique Gavier continúa investigando a numerosos jefes penitenciarios durante los últimos años.

Según datos sobre la situación penal y carcelaria de la jurisdicción, que brindó el ministro, actualmente hay alrededor de 13.500 internos, a los que se suman unos 1300 detenidos que se encuentran en la Unidad de Contención del Aprehendido. Hay un 65% que no tiene condena firme, es decir, que aún están en calidad de procesados. Dentro de los delitos que más se ejecutan, se encuentran ilícitos contra la propiedad, y un “porcentaje alto” de narcomenudeo.