
Tras la nueva evacuación ocurrida este martes en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires” de PROCEAR en Parque Patricios, los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, que representan a los damnificados, pidieron la “imputación inmediata” de los responsables de la obra.
El escrito al que accedió Infobae apunta directamente contra las autoridades de la Constructora Sudamericana (COSUD) y del Banco Hipotecario, a cargo del fideicomiso que administra el proyecto. Según la acusación, ya hay “elementos de prueba directa y presuntiva que determinan la responsabilidad penal en el delito investigado”.
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El pedido fue presentado este miércoles ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, donde la fiscal María del Rosario Selvatici lleva adelante la causa caratulada como estrago culposo. Lo presentaron solo horas después de que una vecina que había reingresado recientemente a su departamento por orden de la Justicia denunciara el desplazamiento anómalo en una de sus ventanas.

Ante la situación, intervino personal de Guardia de Auxilio y profesionales técnicos de la empresa constructora COSUD, que determinaron que las fallas no son menores y constataron “un proceso claro de deterioro estructural". En consecuencia, volvieron a evacuar.
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Los abogados querellantes sostienen que desde el colapso de la losa ocurrido a principios de marzo, el edificio quedó en grave un estado de deterioro: señala que hay rajaduras y grietas, y que no tiene condiciones mínimas de seguridad ni habitabilidad.
El escrito también cuestiona a la fiscal por la habilitación parcial del edificio para su ocupación sin “garantías técnicas independientes, pese a la existencia de un cráter enorme provocado por el colapso de la losa”. En este sentido, remarcó que, aunque el área está vallada, no evita que el riesgo persista para las familias, entre ellas menores de edad.
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También reclaman que las autoridades no permitieron hasta ahora la intervención del perito ingeniero independiente ni de la Brigada USAR de la Policía Federal Argentina, ambos solicitados reiteradamente por la parte querellante. “Son extremos que garantizarían el correcto control jurisdiccional”, dice la presentación.

Además, sostiene que las únicas personas autorizadas a ingresar al complejo serían, justamente, quienes pueden ser penalmente responsables por el hecho investigado: las autoridades de la empresa COSUD.
En el pedido de imputación inmediata reclaman que el titular de la constructora “brinda explicaciones técnicas siendo, al mismo tiempo, uno de los principales sujetos potencialmente responsables”. “Estas resultan manifiestamente insuficientes, contradictorias y orientadas a minimizar la gravedad de los hechos”, se subraya.
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Finalmente, los abogados insisten en la investigación sobre Banco Hipotecario S.A., responsable fiduciario del fideicomiso que administra el proyecto. El planteo sostiene que el banco no solo manejó los fondos, sino que intervino en la licitación, adjudicación y supervisión de la obra.
Citan al administrador del complejo, quien declaró haber realizado “reiterados reclamos” al Banco Hipotecario por las fallas desde el año 2021. Según el escrito, el banco “no solo tomó conocimiento de tales situaciones, sino que intervino activamente canalizando los reclamos, disponiendo reparaciones en forma directa o coordinando intervenciones junto a la empresa COSUD”.
Esto implica que, según la querella, las fallas estructurales no aparecieron tras el derrumbe sino que “se manifestaron desde las primeras etapas de ocupación”, es decir, cuando comenzaron a entregarse las viviendas hace cinco años.
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