
Luego de que los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte del Tribunal de Juicio de Goya anunciaran que los debates por la causa que investiga a la presunta asociación delictiva conocida como Generación Zoe se realizarían en doble turno, el acusado de haber sido el vicepresidente de la organización, Maximiliano Javier Batista, declaró ante la Justicia correntina. Además del líder Leonardo Nelson Cositorto, en la investigación hay otras cuatro personas imputadas.
Como consecuencia de la cantidad de testigos y pruebas reunidos a lo largo de la investigación, los magistrados decidieron que las audiencias fueran realizadas tanto a la mañana, como a la tarde, con el objetivo de garantizar que el juicio concluya a mediados de diciembre de este año. De esta manera, la jornada fue inaugurada por un testigo que fue aportado por los fiscales Rubén Barry y María Eugenia Ballará y la querella que es representada por los abogados Pablo Andrés Fleitas y Alejandra Soledad Fleitas.
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Después de que el declarante brindara su versión de los hechos, cerca del mediodía el vicepresidente de Generación Zoe fue citado a declarar ante el Tribunal. Por el momento, no trascendieron las respuestas que el acusado brindó a la Justicia correntina, aunque confirmaron que los debates continuarán este miércoles 13 de noviembre por la mañana y se extenderán hasta la tarde.
Cabe recordar que en la causa contra la organización acusada por presuntas estafas bajo la promesa de otorgar ganancias extraordinarias, brindar cursos de coaching ontológico y el compromiso con cumplir sueños inalcanzables cuenta con un total de seis imputados. Según la información publicada por Diario Época, los acusados se tratan del líder de la organización, Leonardo Nelson Cositorto, el vicepresidente Maximiliano Batista, Miguel Ángel Echegaray, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina.
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El juicio contra los sospechosos de haber estado detrás del funcionamiento de Generación Zoe se reanudó a mediados de octubre luego de que Cositorto presentara una alternativa para evitar llegar a los Tribunales. Los representantes del Ministerio Público habían presentado la posibilidad de que los acusados afrontaran un juicio abreviado si aceptaban su culpabilidad y se comprometían a brindar una reparación económica a los 98 damnificados que fuero identificados en Corrientes.
A pesar de esto, la medida fue rechazada por los fiscales de Goya y la Fiscalía General de Corrientes, a cargo de César Sotelo, por lo que el juicio continuó su rumbo judicial luego de que las partes no llegaran a una definición. En el dictamen, al que tuvo acceso Infobae, Sotelo puntualiza: “Estamos en presencia de un caso grave, que ha suscitado gran conmoción en la ciudad de Goya y ha afectado a un gran número de víctimas, y que si bien una de las calificaciones legales enrostradas a los imputados es un delito patrimonial no puede perderse de vista que también se le recrimina a los imputados la comisión del delito de asociación ilícita, en diferentes roles y, en este orden de ideas, se halla gravemente lesionado el orden público”.
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Para el jefe de los fiscales, “no resulta negociable que no se juzgue a los nombrados en un debate oral y público por la comisión de los delitos atribuidos y se trate de arribar a una solución de carácter dinerario, cuando existieron distintos bienes jurídicos que se hallaron comprometidos con el accionar de los encartados, máxime teniendo en consideración la existencia de una causa anterior, de similares características, que se ventiló ante los estrados de esta provincia, donde recayó condena”.

En esa línea recordó que el Ministerio Público Fiscal es el órgano estatal “incardinado en velar por la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad” y que su intervención en el proceso se justifica “por el interés público comprometido en la relación jurídica de fondo y/o por la faz pública del proceso en sí”.
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Además, hizo hincapié en lo que consideró “la misión más importante de los fiscales”: “Afianzar la legalidad y los intereses generales de la sociedad”. Por esa razón, sugirió a Barry y a Castillo que continúen con el juicio contra Cositorto, sugerencia que los fiscales acataron. Ante esta nueva postura, el defensor de Cositorto y Batista, Guillermo Dragotto, solicitó la recusación de los fiscales, pedido que fue respaldado por la querella.
El Tribunal rechazó la recusación debido a que consideraron que los fundamentos de los abogados se basan en una serie de opiniones personales en cuanto a la actuación de la Fiscalía durante el proceso, que el Tribunal anunció que no analizará.
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Luego, Dragotto pidió un cuarto intermedio de una semana porque la novedad impacta en su estrategia defensiva y debe revisar el expediente, debido a que él asumió hace poco la representación de los presuntos líderes de Generación Zoe. Finalmente, los jueces hicieron lugar al pedido, por lo que el juicio fue retomado el pasado miércoles 30 de octubre, en donde cuatro testigos de la Fiscalía fueron citados a declarar.
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