Granja Tres Arroyos despidió a 250 trabajadores de su planta industrial de Entre Ríos

Se desempeñaban en el establecimiento de Concepción del Uruguay. La empresa justificó los despidos por el desempeño exportador, la sobreoferta en el mercado interno y los costos

Planta de Granja Tres Arroyos
Planta de Granja Tres Arroyos
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La empresa avícola Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 empleados sobre un plantel total de 900 trabajadores de su planta industrial ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La compañía atribuyó la medida a la caída de la actividad, consecuencia de las restricciones impuestas a las exportaciones por la gripe aviar, afectando principalmente el mercado chino.

Los telegramas enviados aseguran que “la decisión obedece a una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad”.

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“En particular, los brotes de influenza aviar registrados en el país que determinaron el cierre y las restricciones de acceso a los principales mercados internacionales de exportación, provocando una significativa reducción de las exportaciones, una sobreoferta de producción en el mercado interno, una marcada caída de los precios de comercialización y un sostenido incremento de los costos de explotación, circunstancias que derivaron en un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa”, precisa el documento al que accedió Infobae.

Granja Tres Arroyos
Según la empresa, los brotes de influenza aviar registrados en el país que determinaron el cierre y las restricciones de acceso a los principales mercados internacionales de exportación

A dicho escenario, afirma Granja Tres Arroyos, se sumaron sucesivas contingencias operativas y conflictos colectivos que afectaron el normal desarrollo de la actividad, profundizando la disminución de la producción y de los niveles de faena.

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“La empresa adoptó diversas medidas tendientes a preservar la continuidad de la explotación y la mayor cantidad posible de fuentes de trabajo, procurando adecuar sus operaciones al nivel real de actividad. Sin embargo, dichas medidas resultaron insuficientes para revertir la crisis descripta, tornando indispensable la reestructuración parcial de su organización y la adecuación de su dotación de personal, a fin de posibilitar la continuidad de la empresa y preservar las restantes fuentes de trabajo”, remarcó el telegrama.

Mientras tanto, en un comunicado, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) expresó su repudio por los despidos y cuestionó el accionar “artero e insensible” de la empresa frente a la grave situación económica de los trabajadores.

Desde el gremio afirmaron que la empresa avanza con “despidos masivos que no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis”. Contaron además que entre los despedidos se encuentran también delegados de personal.

Resaltaron que los trabajadores “vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios y una creciente incertidumbre, con las graves consecuencias que esta situación genera para la vida familiar”.

“No queremos ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra Concursal”, enfatizó FTIA.

Granja Tres Arroyos
Desde el gremio afirmaron que la empresa avanza con “despidos masivos que no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis”

Al mismo tiempo, desde el sindicato dijeron que la justificación de la compañía no es más que riesgo empresarial, pero queda expuesto como fuerza mayor. “No hay jurisprudencia que justifique esa fuerza mayor. Entendemos que es totalmente improcedente el despido”, señaló Julio Chamorro, secretario general en Concepción del Uruguay del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). Agregó que es probable que este martes lleguen nuevos telegramas.

La crisis de la gripe aviar

La situación crítica que atraviesa la compañía responde a la convergencia de varios factores que fueron deteriorando su posición financiera y operativa. Uno de los principales fue el efecto de la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) sobre sus mercados externos.

La Argentina perdió el acceso a los mercados de la Unión Europea y China en febrero de 2023, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmara los primeros casos en establecimientos comerciales. La suspensión se prolongó hasta agosto de ese año y generó para el sector pérdidas estimadas en USD 160 millones.

El problema volvió a presentarse en agosto de 2025, cuando un nuevo brote provocó el cierre del mercado europeo para la carne aviar fresca. La situación se extendió tras otro episodio detectado en febrero de 2026 en Ranchos, provincia de Buenos Aires, al que posteriormente se sumaron focos en Lobos, Bolívar y Alejo Ledesma, en Córdoba.

El bloqueo se mantuvo hasta las últimas semanas. Recién el 28 de julio, la Comisión Europea formalizó la reapertura del mercado mediante la publicación en su Diario Oficial del Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, que permite a la Argentina volver a exportar carne aviar fresca desde el 17 de agosto, tras reconocer la recuperación del estatus sanitario como país libre de IAAP.

Empresa en problemas

Para Granja Tres Arroyos, no obstante, la normalización del comercio exterior se produce después de un período prolongado de dificultades. En diciembre de 2024, la empresa había pedido ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Aunque el trámite no llegó a formalizarse a nivel nacional, el proceso derivó en una aceleración de las medidas de ajuste y de los recortes dentro de la compañía.

A este escenario se suma una pesada carga financiera. La firma mantiene negociaciones con sus acreedores para reestructurar una deuda de USD 350,9 millones, en un proceso en el que la banca de inversión VALO actúa como asesora.

La propuesta incluye quitas de hasta el 75% del capital adeudado, un esquema de cancelación con plazos de hasta siete años y la venta de, al menos, cinco activos considerados no estratégicos para el grupo.

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