Esta semana, la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez Adolescencia de la PFA allanó un domicilio en La Tablada tras una alerta del FBI recibida a fines del año pasado. La dependencia -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- había recibido a través de la Justicia de La Matanza una serie de archivos encriptados. Era un grupo de Telegram clandestino, una interfaz empleada en años recientes para deliveries de droga, entre otros servicios del hampa.
Telegram, también, se usa para comerciar uno de los delitos más aberrantes en todo el Código Penal.
El grupo en cuestión se dedicaba a la venta de material pedófilo, fotos y videos de niñas, principalmente. Tenía un tarifario: 5 dólares la foto, 15 el video. El pago era realizado a través de una cuenta de Paypal. El regente del grupo era un argentino de 54 años, según revelaron las tareas de inteligencia, un hombre sin empleos en blanco en su historia, así como altas en rubros específicos de la AFIP.
Así, la Ayudantía Fiscal Nº 2 del Departamento Judicial de la Matanza, a cargo de la doctora Lorena Pecorelli, ordenó la redada en La Matanza.
Allí, encontraron al hombre. No lo encontraron solo: allí estaba su hijo de 27 años, que vive con un retraso madurativo leve.
En la investigación, quedó en evidencia el rol del joven. El dúo no producía material pedófilo, no tomaban fotos a niñas: simplemente las descargaban de otros sitios, un servicio de reventa.
Para la PFA, el joven se encargaba de dos cosas. Primero, los pagos: la cuenta de PayPal, un servicio internacional de pago en dólares vinculado a tarjetas de crédito, estaba a su nombre. Segundo, la edición del material. El chico se encargaba de separarlo, un editor: dividía por categorías -niñas argentinas. latinoamericanas, asiáticas-, por desnudez parcial o total, por uso de juguetes sexuales.
El joven, dada su condición, no fue detenido: se lo identificó y se le notificó de la formación de la causa en su contra. Se secuestraron cinco celulares, una notebook, una tablet y dos discos rígidos externos que podrán ser peritados.
Se trata del Sistema de Protección de la Infancia (CPS) de la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition), el cual tiene presencia mundial para casos de violación de menores.
La Justicia porteña llega a tener acceso a este sistema a partir de un acuerdo suscrito este martes por el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, y el embajador de EE.UU, Marc Stanley, en la residencia del diplomático en Argentina, donde acordaron los términos del uso del CPS.
La colaboración entre el MPF CABA y las autoridades estadounidenses llevó en los últimos años a 9 operativos Internacionales coordinados en simultáneo con 11 países -Estados Unidos, México, Chile, Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Paraguay, Ecuador, Panamá-. En total, 194 personas fueron detenidas por tráfico de imágenes de abuso sexual, en procedimientos donde intervino el MPF bonaerense, la Policía de la Ciudad y varias fuerzas federales.
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