
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció esta semana la “restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios” en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero. Según dijo el mandatario provincial, la medida ejecutada en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad apunta a reorganizar y efectivizar la operatividad y funcionamiento de la policía y el servicio penitenciario, con el objetivo de “dar batalla sin cuartel al delito para recuperar la seguridad en las calles”.
El gobernador anunció esas medidas como parte de las reformas en materia de seguridad pública y control penitenciario con el objetivo de disminuir la comisión de delitos desde las prisiones, un fenómeno creciente en Rosario. La medida se completó ayer con una acción similar en la cárcel de Coronda, donde se requisaron celdas, se secuestraron elementos y se aisló a delincuentes de alto perfil.
Fuentes oficiales señalaron a Infobae que los 13 internos de gran peligrosidad que se encontraban en pabellones comunes y fueron trasladados a pabellones de alto perfil son Ariel Máximo Cantero, Juan Carlos Olguín, Valentino Barjacoba, Marcos Mac Caddon, Gastón Alejandro Berlari, Mauro Javier Gerez, Andy Fabián Benítez, Leandro Daniel Olivera, Ariel Sebastián Acosta, Juan José Villazon, Franco Matías Almaraz, Fabio Alejandro Giménez y Andrés Alejandro Bracamonte.
Con la decisión de Pullaro, en los pabellones de máxima seguridad se pasa de tener 25 internos a 38 detenidos en esa categorización. En coordinación con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se concretó un paquete de medidas que tienen como principal objetivo reorganizar y efectivizar la operatividad y funcionamiento de la policía y el servicio penitenciario santafesino.
“Daremos una batalla sin cuartel al delito, al crimen organizado y a aquellos personajes que se creen intocables”, aseguró el gobernador Pullaro días atrás para luego completar: “Los jefes narcos y sicarios volvieron a pabellones de alto perfil y eso nos va a permitir tener un mayor control de estos reclusos”.
En ese sentido, dijo que “el objetivo es que desde los penales no se cometan delitos, lo que significa que si ese preso cometió un delito grave desde la cárcel, van a hablar con sus familiares y abogados a través de un blindex y van a estar monitoreados las 24 horas”.

Además del traslado, el ministro también ordenó el vaciamiento de varias comisarías de Rosario por lo que un total de 86 presos fueron trasladados a dependencias del Servicio Penitenciario. De esta manera el personal policial ya no tendrá la tarea de custodiar presos y se dedicará exclusivamente a los patrullajes de prevención. En los próximos días se realizará lo mismo en la ciudad de Santa Fe, y luego se continuará con el resto de las comisarías de la Provincia.
Por otra parte, Cococcioni detalló otras medidas que se están llevando adelante en todos los edificios que alojan detenidos y en la calle.
“Estamos desarrollando operativos de cacheo, control y requisas aleatorias en la vía pública; prohibición de entrada de elementos al servicio penitenciario, restricción de horarios de visitas, horarios de patios y comunicaciones y otros derechos reglamentarios de los reclusos”. Y remarcó: “Vamos a adoptar todas las medidas necesarias, y de la forma más enérgica posible, para garantizar y recobrar la paz pública en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe”.
En sus primeros días de la nueva gestión, también se dispuso un bloqueo administrativo de la Policía provincial. “Esto significa que sólo funcionará con guardias mínimas en las oficinas y nos permite contar con mayor presencia policial en las calles y el territorio”, marcó el ministro. “La consigna general es que hasta el último policía esté en la calle, haciendo patrullaje preventivo, y no en oficina juntando papeles”, añadió.
Además, sostuvo que “a una semana de estar en el Gobierno, pueden decir que hoy las rutinas de patrullaje cuentan, como mínimo, con el doble de vehículos en calle por efecto de estas medidas que están tomando”.
De acuerdo a las investigaciones judiciales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se repiten los delitos como extorsiones, pero también instigación de asesinatos ordenados desde las unidades penitenciarias de la provincia, especialmente desde la cárcel en Piñero.
“Avanzaremos a paso firme en función de la planificación establecida por el gobernador Pullaro para reequipar la institución policial que tiene una flota de vehículos absolutamente desmantelada. Esta semana ingresamos con talleres móviles en las unidades regionales y nos encontramos con unidades en estado calamitoso”, dijo el funcionario.

“Esto no puede volver a pasar nunca más en la provincia de Santa Fe. Recibimos una policía colapsada que iremos reconstruyendo en el corto, mediano y largo plazo, apuntando, entre otras cosas, a que la flota de patrulleros esté en condiciones”, completó.
Esta mañana, el gobernador Pullaro dijo en radio Mitre “que quiere no sólo que la Policía Federal o las fuerzas federales, sino también las fuerzas provinciales, se ocupen del tema narcotráfico y microtráfico porque él sí confío en su Policía”.
Según fuentes penitenciarias del gobierno saliente consultadas esta semana por la agencia de noticias Télam, los pabellones de los presos calificados de “alto perfil” nunca dejaron de funcionar, sino que se ampliaron por el creciente número de detenidos con esa categoría. “De 250 presos de alto perfil pasaron a 500, con lo cual hubo que habilitar un módulo entero del pabellón B” de la cárcel de Piñero”, sostuvo la fuente consultada.
El Gobernador, por su parte, insistió en la idea de discutir con el Poder Judicial –a cargo del cumplimiento de la ejecución de las penas de los condenados o procesados- el objetivo de que el Servicio Penitenciario “no tenga que estar requisando el ingreso de alimentos”.
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