
La familia del juez federal Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales, declaró este jueves en el juicio oral que investiga al magistrado y a otros 31 imputados. Marta Isabel Boiza, esposa de Bento, y sus hijos, Nahuel y Luciano, ambos empleados judiciales, negaron las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en su contra.
La defensa de la familia Bento apuntó contra el fiscal Dante Vega, en línea con la estrategia que el mismo juez Bento llevó a cabo en la jornada anterior. Luciano Ezequiel Bento Boiza, el hijo menor, quien enfrenta cargos por lavado de activos, declaró: “Jamás cometí una conducta ilícita. Todo mi patrimonio es lícito”.
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El joven de 28 años cuestionó que no se haya tenido en cuenta sus ingresos de trabajo “antes y después del Poder Judicial”. “Todos los autos que tuve fueron comprados con mi esfuerzo. Mis padres también me regalaron un departamento y me donaron dinero para participar de un fideicomiso. Con las pruebas que hay en el expediente está probado que jamás he participado de una conducta ilícita, ni cerca”, sostuvo en su corta declaración.
Nahuel Agustín Bento Boiza (31), el hermano mayor, quien también enfrenta cargos similares, sostuvo que “se ha pretendido mezclar el patrimonio de los hijos con los del padre” y cuestionó la lógica de las acusaciones: “No sé en qué cabeza puede caber que un regalo de cumpleaños puede ser una maniobra de lavado de activos. Bueno, sí sé en qué cabeza” en referencia al fiscal Vega.
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En este contexto, justificó que los cinco autos que tuvo, no los tuvo juntos, sino que para comprar uno tuvo que vender el anterior, o utilizó fideicomisos, o fueron adquiridos en cuotas y con préstamos bancarios, y algunos los compró más baratos porque luego los arregló y los pudo comercializar a mayor precio. Mientras que al respecto de un departamento a su nombre, sostuvo que se trató de “una donación” llevada a cabo en el día de su cumpleaños, el 27 de diciembre.
Marta Isabel Boiza, acusada por enriquecimiento ilícito, lavado y falsedad ideológica, entre otros delitos, subrayó que tanto ella como su esposo tenían buenos ingresos antes de llegar a la Justicia Federal. “Empecé a trabajar a los 17 años, muy jovencita. Me casé a los 23 y me fui a vivir a Buenos Aires. Trabajaba en el Banco de Previsión Social y pedí el traslado. Mi marido también tenía trabajo allá. Teníamos muy buenos sueldos”, indicó.
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”Crecimos económicamente muchísimo. Tenía un trabajo muy bien pago pero era muy estresante. Por eso nos volvimos a Mendoza en el año 1992, teníamos departamento nuevo, auto cero kilómetro en Buenos Aires. Compramos una casa divina en un barrio acá, un auto 0 kilómetro y teníamos prácticamente el doble de esas propiedades en ahorro en dólares. Sólo teníamos 27 y 29 años”, agregó.
En medio de su declaración, la mujer de 57 años sugirió que la animadversión de Vega hacia los Bento comenzó cuando su esposo superó al ahora fiscal en un concurso para acceder a la Magistratura. Incluso, aseguró que cuando comenzó la instrucción se cruzó a Vega en un ascensor de Tribunales y este le dijo: “A vos, a tu marido y a tus hijos los voy a meter presos”.
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El proceso judicial se lleva a cabo con la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por la fiscal general María Gloria André, y los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco y Laura Roteta.
El tribunal que juzga el caso está compuesto por las magistradas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra. Carolina Prado ha sido nombrada como cuarta jueza.
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En el marco del juicio en su contra, el suspendido juez declaró el miércoles ante el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza que inició el proceso a fines de julio y, al igual que su familia, apuntó contra el fiscal de la causa: “No es el titular de la vindicta pública, es el representante de una venganza personal”. “Todo es falso, no formo parte de ninguna asociación ilícita y no cobré para beneficiar o perjudicar a alguien”, se defendió.
Bento no solo afronta el juicio penal, sino que desde el 25 de septiembre también tendrá el juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación que lo juzgará por el presunto mal desempeño de sus funciones. Ese proceso es solo para determinar si continúa o no como juez. La decisión es por la destitución o por rechazar la acusación y que Bento sea repuesto en el cargo en el que quedó suspendido el 31 de mayo pasado tras la decisión del Conejo de la Magistratura de la Nación.
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