En otra jornada del juicio por el crimen de Joaquín Paredes, el joven que murió de un balazo durante un operativo policial en 2020, la Fiscalía insistió con que que se impute por “homicidio” a cinco de los seis policías acusados. Hasta el momento, este cargo solo recaía sobre uno de ellos.
Los seis oficiales juzgados son Maykel Mercedes López (25), el único contra el que recae el cargo de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” por ser considerado el autor del disparo que impactó contra el cuerpo de la víctima; Iván Alexis Luna (26) imputado por las “lesiones graves” que sufrió el amigo del fallecido; Daniel Alberto Sosa Gallardo (43) quien solo enfrenta cargos por “amenazas calificadas”; Enzo Ricardo Alvarado (29); Jorge Luis Gómez (34); y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27). Estos últimos están acusados de “omisión de los deberes” y “disparo de arma de fuego calificado”.
Sin embargo, la fiscal a cargo de la causa, Fabiana Pochettino, planteó que Luna, Alvarado, Gómez y Aliendro fueron también responsables del homicidio de Joaquín, en carácter de “coautores” y “partícipes necesarios”.
Esta acusación no es algo nuevo, puesto que Pochettino solicitó al inicio del juicio en los tribunales de Cruz del Eje el cambio de carátula, pero los jueves Ricardo Py, Ángel Francisco Andreu y Javier Rojo rechazaron su petición, de acuerdo con la información de Télam.
Joaquín Paredes murió en la madrugada del 25 de octubre de 2020. El joven de 15 años se había encontrado con sus amigos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en la plaza de Paso Viejo.
De acuerdo con la acusación de la defensa, un vecino llamó a la Policía para alertar por la reunión, por lo que los seis efectivos implicados se dirigieron al lugar. Al llegar, se produjo una discusión con los jóvenes.
De repente, Aliendro comenzó a disparar al aire con “cartuchos antitumulto compuestos con poliproyectiles o postas de goma”. La Fiscalía además agregó que López y Luna tomaron sus armas de fuego reglamentarias provistas por la fuerza y a una distancia no mayor a los 18 metros efectuaron en toda dirección cerca de siete disparos, ”sabiendo que actuaban en grupo y con la autorización del personal policial de mayor jerarquía en el lugar, haciendo abuso de su condición de miembros de la fuerza de seguridad” y “aportando al plan común de darle muerte a cualquiera de los jóvenes presente”.
Minutos después, el grupo de jóvenes se vio envuelto en una balacera. Dos proyectiles impactaron sobre dos de ellos: uno sobre Joaquín, quien perdió la vida al instante, y otro sobre un amigo de la víctima a quien hirieron en el brazo, por lo que tuvo que ser trasladado y asistido en un centro de salud pública.
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Los peritajes realizados arrojaron que cuatro disparos se realizaron con el arma de Luna y otros tres desde la de López, uno de estos fue el que le provocó la muerte de Paredes. Una de las balas de Luna, por otro lado, habría sido la que impactó en el brazo del amigo del joven.
Durante la audiencia del martes, una testigo declaró que vio “más de 60 vainas” en el predio donde murió el adolescente, mientras que Manuel Paredes, tío abuelo de la víctima, aseguró haber recibido “amenazas de muerte por parte de familiares de Alvarado, si procesaban a este”.
En este marco, se espera que este viernes se realice una inspección ocular en el lugar en el que fue asesinado el joven. El pedido de realizar este procedimiento estuvo a cargo del abogado querellante, Claudio Orosz, quien alegó: “Necesitamos que el jurado popular vea lo terrible que la Argentina es con algunos de sus habitantes”, tal como precisó el medio local CBA 24.
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