Condenaron a un abogado por el intento de chantaje al empresario Sebastián Eskenazi

Se trata de Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien recibió tres años y tres meses de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por el doble de tiempo de la pena

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El empresario Sebastián Eskenazi
El empresario Sebastián Eskenazi

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 3 de Capital Federal condenó este jueves a tres años y tres meses de prisión al abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y lo inhabilitó para ejercer la profesión por el doble de tiempo de la pena por un intento de chantaje al empresario Sebastián Eskenazi ocurrido en diciembre de 2017.

En un veredicto de cuatro carillas, al que accedió Infobae, el tribunal, que integra de manera unipersonal el juez Julio Báez, decidió que el abogado condenado mantenga la libertad hasta que la sentencia quede firme. Además, informó que la lectura de los fundamentos será el próximo 10 de agosto.

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En la causa por el intento de extorsión a Eskenazi, referente del Grupo Petersen, también estuvieron acusados Pablo Brugo y Juan Manuel Ducler, hijo del fallecido financista Aldo Ducler, aunque estos dos fueron beneficiados con sendas probation. Sin embargo, Sánchez Kalbermatten ya había recibido anteriormente esa concesión y debió afrontar el juicio.

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El inicio de la causa se remonta a noviembre de 2017, cuando en las oficinas porteñas ubicadas en Cerrito 740, muy cerca del Obelisco, Brugo acudió en nombre de Ducler y Sánchez Kabelmatter. Allí anotició al empresario Eskenazi sobre el por qué del asunto: la repercusión que podía tener la divulgación de la información que tenían y que era dañina para el Grupo Petersen. Luego, se hizo alusión a la necesidad de que mostraran una “luz” o “una reserva” como un gesto de buena voluntad.

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El video en el que los abogados acusados de la extorsión piden "una moneda"

Hubo dos cónclaves más donde le decían que recibían presiones desde distintos sectores políticos para difundir la información. El último contacto antes del operativo que puso fin a todo fue el 12 de diciembre de 2017. Los tres condenados reclamaban una compensación y se quejaban por la falta de respuestas.

Al día siguiente, el Grupo Petersen hizo la denuncia penal: se advirtió que Ducler y sus abogados exigían un pago ilegal de 20 millones de dólares para evitar imputaciones públicas contra los Eskenazi.

La entrega de dinero en las oficias de Cerrito al 700

El jueves 28 de diciembre, en las oficinas de Cerrito al 700, la Policía Federal colocó cámaras y marcó los billetes que habían acordado en la “negociación” previa las partes: del millón de dólares que habían cerrado para ceder esa información sensible, ese día se entregarían 300 mil.

En esa oficina, horas más tarde, se filmó el encuentro de Eskenazi con Brugo, Ducler y Sánchez Kalbermatten. Allí también se produjeron las detenciones de los tres tras la “entrega controlada” ordenadas por el juez Rodolfo Cresseri y la fiscal Cinthia Oberlander.

Las detenciones por el intento de chantaje a Eskenazi

Tras las probation de Ducler y Brago, el abogado Sánchez Kabelmatter llegó a juicio. El fiscal general subrogante Andrés Madrea había pedido cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho, en tanto que la querella, representada por el abogado Ignacio Zunino, había reclamado cinco años por el delito de “extorsión en grado de tentativa”.

En su alegato, el fiscal Madrea destacó que “la extensión del daño ocasionado a las víctimas, las maniobras de desprestigio sumieron en una profunda depresión a la madre, quien falleció poco después”. Y valoró también “la modalidad de la maniobra utilizando difusión periodística y los perjuicios económicos que para el grupo que las víctimas ni siquiera pudieron llegar a mensurar”.

Alejandro Sánchez Kalbermatten
Alejandro Sánchez Kalbermatten

Si bien la condena aún no está firme, Sánchez Kalbermatten deberá comparecer en tribunales “el primer lunes hábil de cada mes y no alejarse de la ciudad sin la venia jurisdiccional, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ordenarse su inmediata detención y derivación a una Unidad Penitenciaria”, establece el fallo.

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