En un extenso operativo de seguridad, oficiales del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron a cabo tres allanamientos en campos frutihortícolas ubicados en las localidades de Ezeiza y Cañuelas, provincia de Buenos Aires.
Como resultado de la investigación bajo el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora de Ernesto Kreplack, cinco personas mayores de edad, dueñas de los establecimientos, fueron imputadas por explotar a sus empleados hasta llevarlos a la indigencia extrema.
Además, siete víctimas mayores de edad fueron rescatadas durante los procedimientos.
La investigación, que se extendió durante un mes y medio, reveló que los trabajadores eran sometidos a condiciones de abuso y explotación, siendo obligados a trabajar casi 14 horas al día, de lunes a sábado, por una remuneración que no superaba los $70.000 mensuales. Asimismo, se les exigía pedir permiso para poder ausentarse los domingos, una solicitud prácticamente imposible de cumplir debido a la falta de medios de transporte de la zona y las distancias a recorrer.
Según indicaron fuentes policiales a Infobae, los campos eran propiedad de cuatro hombres y una mujer, cuyos nombres se mantienen en reserva por cuestiones procesales. Los dueños de los establecimientos utilizaban camionetas de alta gama para circular por las tierras, mientras que los empleados vivían en una situación “dantesca”, de acuerdo a la descripción realizada por los agentes.
Al adentrarse en los campos, el personal policial descubrió las míseras condiciones en las que habitaban las víctimas en las casillas: carecían de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y saneamiento adecuado.
En las viviendas, los trabajadores debían concurrir a una canilla común, a varios metros de distancia, para obtener agua, mientras que para cocinar se veían obligados a utilizar un brasero casero.
Tampoco contaban con una heladera para conservar los alimentos e incluso, el único lugar destinado a las necesidades fisiológicas era un pozo con un inodoro sin agua, ya que tampoco tenían baños.
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La investigación contó con la colaboración del equipo del Departamento Técnico del CiberCrimen de la misma Superintendencia de Investigaciones Federales, que utilizó drones para obtener una visión completa de los cultivos, viviendas, galpones y otras propiedades. La precariedad de las viviendas era evidente, siendo visible a simple vista desde los caminos rurales.
Durante los allanamientos, se incautaron cinco teléfonos celulares de alta gama y numerosos cuadernos con anotaciones. En los escritos, se detallaban montos de dinero no registrado que se les descontaba a los empleados por diversos conceptos, como el uso de la garrafa de gas, mercadería para la comida y calzado para el trabajo, cifras que superaban ampliamente los precios establecidos en los comercios.
De acuerdo a las investigaciones, se estima que había entre 13 a 18 trabajadores más en los campos que no se encontraban presentes el día del operativo debido a las fuertes lluvias en la zona.
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Las entrevistas psicológicas realizadas por los profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata revelaron la extrema vulnerabilidad y sumisión que padecían los empleados, algunos de los cuales llevaban años trabajando en los campos y presentaban dificultades en su socialización debido a la situación de explotación y abuso que sufrían desde hace tiempo.
Varios de los hombres rescatados eran casi analfabetos, o presentaban dificultades de comprensión ante las preguntas realizadas por las psicólogas. Según señalaron fuentes policiales a este medio, las víctimas optaron por no aceptar los beneficios del Programa.
Por orden del juez Kreplak, los cinco propietarios de los campos fueron trasladados a la sede del Departamento Trata de Personas en la Ciudad de Buenos Aires para ser notificados de la causa y de las medidas procesales en su contra. Además, mediante un oficio judicial, se les prohibió la salida del país para evitar que se den a la fuga y continuar con la investigación.
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