“Nos mandaron. Nos dijeron que era la mujer de pantalón naranja y que le podíamos gritar lo que fuera”. Eso declararon ante la Justicia las dos mujeres detenidas por haber insultado y golpeado a la fiscal de Campana Ana Laura Brizuela cuando fueron indagadas este jueves, según informaron fuentes de la investigación de Infobae. Las acusadas son familiares de Agustín Ramírez, quien tenía 18 años y murió en un accidente de tránsito en el barrio San Cayetano, un expediente que instruye como homicidio culposo la funcionaria judicial agredida.
El ataque a Brizuela, titular de la UFI N°2 de Campana, ocurrió este miércoles por la tarde cuando la funcionaria iba desde una oficina judicial a otra, ya que ambas quedan a 100 metros de distancia, y mientras se desarrollaba una medida de protesta de los familiares de la víctima. Es que los parientes de Ramírez no tomaron con agrado que una decisión de la fiscal.
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Para entender el contexto del ataque hay que recordar que Ramírez iba sin casco a bordo de una moto que manejaba su tía y que, según la pericia accidentológica, se incorporó sin frenar a la ruta 6 desde un camino. Fue entonces que fueron embestidos por un Mercedes Benz 220, conducido por Ezequiel Girard y que venía por la traza principal a 20 kilómetros por encima de la velocidad permitida.
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Ramírez, al caer, golpeó su cabeza contra el asfalto y sufrió una fractura de cráneo fatal. La fiscal entendió que, como la moto se incorpora sin frenar a la ruta desde un camino adyacente y donde había una señal de PARE, la tía que manejaba tiene responsabilidad también en su muerte. Por ende, para la fiscal hay una responsabilidad compartida en el homicidio culposo del joven y por eso los imputó a ambos. Justamente, eso no lo comparte la familia de la víctima.
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Las imágenes del video, que se viralizó y acompaña esta nota, son claras sobre cómo fue el ataque a la fiscal justo el día en que tanto el conductor imputado como la tía de la víctima estaban citados para declarar en el marco de la causa. Pero, para evitar incidentes, se decidió que lo hicieran en lugares distintos.
Fue en ese contexto que se produjo la agresión, cuando la funcionaria iba a cumplir el segundo trámite y para ello caminó los 100 metros que separan una oficina externa del edificio principal de la fiscalía. “Me pegaron dos golpes de puño en el rostro, entre medio de los policías que me custodiaban, y una patada en la cintura. Incluso, a una agente le pegaron, la tiraron y cuando se quiso levantar le volvieron a pegar”, había relatado Brizuela tras la agresión y en diálogo con Infobae.
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La funcionaría, que se excusará de seguir investigando la muerte de Ramírez tras el ataque, también dijo: “Nos corrieron a mí y a mi secretario por 70 metros, rodeados de policías”. Y concluyó: “Más que el golpe físico me duele lo otro: tener miedo por estar trabajando. Estaba yendo de una oficia a la otra y te encontrás con esto en el medio. No lo puedo creer... Es una locura, ya pasamos un límite. Podés estar de acuerdo o no con la resolución, pero acá fueron a agredirme y golpearme”.
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Lo cierto es que, tras el ataque, dos mujeres fueron arrestadas el mismo miércoles. Fuentes de la investigación contaron a este medio que se trata de una tía y una prima del joven fallecido. Ambas fueron imputadas por el fiscal Alberto Gutiérrez de la UFI N°7 de Zárate por el delito de atentado agravado a la autoridad y lesiones.
La Justicia de Garantías del distrito convalidó la detención de ambas mujeres, quienes declararon ante el fiscal Gutiérrez este jueves cuando fueron indagadas. La fiscal Brizuela es querellante.
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Fuentes con acceso al expediente consultadas por Infobae dijeron que, el miércoles y en el marco de la protesta, la fiscal fue señalada para que fueran las parientes de Ramírez a increparla: “Nos mandaron. Nos dijeron que era la mujer de pantalón naranja y que le podíamos gritar lo que fuera”, relataron.

Repudio
Así como el miércoles Asociación Argentina de Fiscales (AAF), la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) repudiaron el ataque a Brizuela, este jueves el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires hizo lo propio.
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En un comunicado, manifestó “su solidaridad, acompañamiento y pleno apoyo a la Fiscal”. Justamente, este jueves la sede de la UFI N°2 de Campana, que tiene a cargo Brizuela y que cuenta con seguridad las 24 horas, tenía mayor presencia policial.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la paz social y el pleno funcionamiento de las instituciones”, rezaba el comunicado del Ministerio Público Bonaerense que lleva la firma de procurador general Julio Conte Grand. Y alertaba que “existen mecanismos vigentes que habilitan la posibilidad de efectuar planteos y eventuales divergencias con las decisiones que se adoptan por integrantes del Poder Judicial en el ámbito de sus respectivas competencias”.
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Para concluir: “El uso de la fuerza como modalidad de reclamo y la violencia en cualquiera de sus formas, además de ser repudiables, carecen de legitimidad en un sistema republicano, conspiran respecto de una convivencia civilizada y ponen de manifiesto un absoluto desprecio por las autoridades y las instituciones”.
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