El Gobierno de Costa Rica presentó una nueva estrategia para atender a las personas en situación de calle, una problemática que afecta a miles de ciudadanos y que, según las autoridades, requiere una respuesta coordinada entre instituciones públicas, municipalidades y organizaciones sociales.
De acuerdo con las cifras expuestas durante la presentación, en el país existen 7,032 personas en situación de calle, de las cuales aproximadamente ocho de cada diez son costarricenses. La primera etapa del plan se concentrará en el distrito Merced y el cantón central de San José, donde se contabilizan 1,753 personas en esta condición.
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La iniciativa contempla cuatro áreas de trabajo: prevención, atención, recuperación y convivencia comunitaria. El objetivo es modificar el modelo de atención para evitar que una persona sea remitida de una institución a otra sin recibir una solución integral.
La estrategia será puesta a prueba durante los primeros 90 días, período en el que las autoridades evaluarán los resultados y determinarán los ajustes necesarios.
Gobierno busca una ruta de atención continua
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la presentación fue que los mecanismos utilizados hasta ahora no siempre permiten darle continuidad a la atención.
La alcaldesa de San Ramón y representante del régimen municipal, Gabriela Jiménez, destacó que la problemática no puede ser abordada de manera aislada por una municipalidad, debido a que se trata de un fenómeno que requiere la participación conjunta del Estado, los gobiernos locales y las organizaciones especializadas.
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La propuesta pretende garantizar que cuando una persona ingrese a un servicio pueda continuar con el proceso de atención y no termine nuevamente en la calle pocos minutos u horas después.
“La ruta que veníamos trabajando en años anteriores se convirtió en una ruta insuficiente”, señalaron las autoridades, al explicar que el nuevo modelo busca ofrecer un acompañamiento más integral.
Para desarrollar esta estrategia se plantea la participación de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Seguridad, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), el Ministerio de Salud, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y otras entidades públicas, además de organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales.
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El papel de las organizaciones que trabajan en las calles
El plan también reconoce el papel de las organizaciones que durante años han atendido a esta población.
En Sabana Sur, la Asociación Casa Hogar San José ofrece atención a personas en situación de calle, con o sin problemas de adicción, que carecen de redes familiares, sociales o comunitarias.
Uno de sus usuarios relató que llegó a perder prácticamente todos sus vínculos debido a una vida marcada por las adicciones. Según su testimonio, el centro le permitió encontrar nuevamente una oportunidad para reconstruir su vida.
La Asociación Misionera Club de Paz es otro de los centros que brinda servicios básicos. Allí se atiende diariamente a más de un centenar de personas con servicios como duchas, cambio de ropa y alimentación.
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Estas organizaciones también reciben recursos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que las autoridades consideran fundamentales para sostener la atención.
Los responsables de estos programas advierten que, sin apoyo económico estatal, algunas organizaciones podrían verse obligadas a reducir sus servicios o incluso cerrar.
Laura Fernández arremete contra el funcionamiento del IAFA
La mandataria aseguró que muchas personas en situación de calle enfrentan problemas relacionados con el consumo de drogas y sostuvo que, desde su experiencia en campañas de atención a esta población, una parte importante de quienes viven en las calles desea abandonar esa condición.
Fernández lanzó entonces una crítica directa al funcionamiento del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
“El IAFA no sirve para nada”, afirmó la presidenta, al mismo tiempo que aclaró que su cuestionamiento no estaba dirigido personalmente contra los funcionarios de la institución, sino contra el modelo y la legislación que la rigen.
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La mandataria anunció que trabajará con la dirección del IAFA y con el ministro de Salud para revisar el funcionamiento de la institución y determinar qué cambios son necesarios.
Fernández planteó incluso la necesidad de una reestructuración del IAFA, al considerar que las personas que buscan ayuda para familiares afectados por las adicciones enfrentan importantes dificultades para acceder a los servicios.
La directora del instituto reconoció que existen aspectos que deben modificarse y explicó que la institución ya atraviesa un proceso de reorganización.
El desafío será mantener la atención
El vicepresidente Francisco Gamboa, quien participa en la coordinación de la estrategia, sostuvo que el desarrollo económico, humano y social deben abordarse de manera conjunta.
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El Gobierno insiste en que la nueva propuesta no pretende limitarse a entregar alimentos, ropa o servicios de higiene, sino establecer una red que permita acompañar a las personas durante las diferentes etapas de su recuperación.
El desafío será convertir esa coordinación institucional en resultados concretos.
Por ahora, la primera prueba tendrá lugar en San José y será evaluada después de 90 días. La expectativa de las autoridades es que la metodología permita identificar qué funciona, corregir las fallas y eventualmente extender el modelo a otras zonas del país.
Detrás de las cifras existen miles de historias marcadas por adicciones, abandono y ausencia de redes de apoyo. El Gobierno busca que la respuesta institucional deje de terminar en una referencia o un trámite y se convierta en un proceso de acompañamiento capaz de ofrecer una verdadera oportunidad para comenzar de nuevo.
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