
Un agente revelador se diferencia del agente encubierto porque no llega a formar parte de la organización, sino que simula estar interesado y pasa esa información para investigar delitos complejos. En este caso, el rol del agente revelador fue clave para desbaratar una red de trata de personas que era liderada por un interno de la Unidad Penitenciaria N° 10 de Villa Urquiza de Tucumán, condenado a más de 12 años de prisión por el mismo delito, indicaron fuentes del caso a Infobae.
Se trata de Walter Alfredo Ayala, que fue detenido en el penal por la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras la investigación que comenzó con una denuncia anónima que marcó departamentos de dos edificios que funcionaban como “privados”, es decir, los lugares donde se daban los encuentros.
Luego, siguió con la navegación en sitios de Internet: la banda usaba Cafecito y Skokka, dos sitios que ofrecen servicios sexuales, para actuar. El agente revelador, que tenía la orden de no mantener contacto directo con las víctimas, comenzó a actuar cuando los detectives de la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el delito Complejo del Norte de la PSA encontraron números de teléfono.
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La búsqueda de los responsables de la red de trata denunciada continuó, entonces, vía WhatsApp. El agente revelador, una figura creada en 2016 por la ley 27.319, chateó con las víctimas desde octubre. Detrás de la mayoría de las mujeres que se promocionan en estos sitios, hay un tratante, indicó el agente que actuó en el caso a Infobae.
Simuló interés en tarifas, que iban desde los 2 mil pesos hasta los 8 mil; la cantidad de participantes y los sitios donde serían los encuentros. Supo después que el líder solía alquilar diferentes unidades de forma temporaria y sin contrato, “solo de palabra”, en los edificios de San Miguel de Tucumán que coincidían con la geolocalización de las comunicaciones.
Entabló ese tipo de conversaciones hasta que notó que ciertos números se comunicaban con otras líneas de forma frecuente.

Las intervenciones telefónicas dieron las nuevas pistas: el líder de la organización coordinaba los encuentros desde la cárcel, con la ayuda de su esposa: Alejandra Beatriz Galván, que había sido condenada a cinco años de prisión y ya los había cumplido, y por eso estaba en libertad.
Ayala elegía y descartaba las mujeres que regenteaba desde la cárcel. “Si veía que alguna le podía traer problemas, dejaba de solicitarla. Estaba en búsqueda permanente de víctimas. Las captaba mediante el ‘boca a boca’”, indicó el agente revelador a Infobae.
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Las víctimas eran mujeres que llegaban desde el interior de Tucumán o de barrios vulnerables. “Entraban y salían del juego. Si no le convenía una chica, por ejemplo, por tener hijos, la sacaba”, indicó la fuente. “Se trata de una modalidad de trata que no pareciera ser forzosa. El tratante hace un relato en el que le otorga la fantasía a las chicas de que tienen control, cuando no es así”, explicó.

“A este tipo de modalidad se la denomina trata blanda, les dan ciertas libertades para mantenerlas cautivas, como el suministro de sustancias. Las someten y les hacen creer que les están haciendo un favor”, agregó y detalló que, en este caso, los tratantes se quedaban con el 50% de las ganancias.
El hilo del que tiró el agente revelador terminó en siete allanamientos en domicilios particulares en la ciudad de San Miguel de Tucumán y en la celda de Ayala. En el procedimiento, la PSA rescató a cinco víctimas, detuvo a dos personas y decomisó más de medio millón de pesos en efectivo, tarjetas bancarias, celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.
En el caso intervino el fiscal federal de Tucumán Agustín Chit, y el juez federal Fernando Luis Poviña la autorizó y fijó sus alcances temporales y temáticos.
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