A partir de un dato interno que recibió el subdirector de la cárcel santafesina de Coronda, este miércoles el Servicio Penitenciario llevó a cabo un operativo en el Pabellón N° 1 de ese penal, donde están alojados los presos por causas federales: secuestraron 51 celulares, un trozo de marihuana y 275 envoltorios de cocaína.
En la requisa también se incautaron elementos corto punzantes, prohibidos para los detenidos en el establecimiento penitenciario, y una balanza de precisión. Por ese motivo, se le dio aviso a la Justicia federal y a la Brigada Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal.
El director del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Gabriel Leegstra, afirmó que los teléfonos fueron hallados “en distintas celdas” a partir de la pista que les había llegado de un posible “nido de celulares” en ese pabellón.
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El operativo expuso un problema que lleva años de quejas de autoridades del gobierno santafesino: no hay un solo establecimiento penitenciario federal en toda la provincia. Por ese motivo, los presos con causas por droga, generalmente, son distribuidos entre las distintas cárceles, donde comparten lugar con reclusos condenados o imputados por integrar bandas violentas, como en el caso de sicarios, lo que da origen a otro inconveniente, que es el tejido de nuevas alianzas para disputas territoriales.
A su vez, exhibió una falencia sistémica de hace tiempo: los reclusos en Santa Fe operan a través de los teléfonos, según causas provinciales por planificación de extorsiones, balaceras y homicidios, o federales por comercialización de estupefacientes.
De hecho, en enero pasado, a partir de una seguidilla de extorsiones a comerciantes de la zona Sur y Sudoeste de Rosario, el fiscal de Balaceras Pablo Socca detectó que el encargado de realizar todas las intimidaciones era Brian Figueroa, un preso de Coronda. Después de haberlo imputado, en una entrevista con Infobae, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación pidió “restringir derechos” a aquellos presos que hayan cometido delitos desde la cárcel.
“No entiendo cómo el Estado provincial no restringe derechos a los presos que cometen delitos desde los establecimientos penitenciarios. Tanto el Poder Ejecutivo por decreto, como la Legislatura a través de un proyecto, pueden modificar el régimen actual de visitas a las cárceles, de comunicaciones, o lo que quieran, pero no lo hacen”, aseveró Socca.
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Después de esas duras críticas del fiscal, en Coronda se hicieron más frecuentes las requisas con resultados exitosos. Por caso, el 27 de enero pasado fueron secuestrados siete celulares que estaban en la mochila del inodoro del baño de los celadores del Pabellón N° 11 de esa cárcel santafesina, donde se había colocado un cartel que decía “No tirar agua”, sugiriendo que no funcionaba.
A dos celadores de la cárcel se les abrió un sumario administrativo y se los pasó a disponibilidad por ese procedimiento, del que también se dio aviso al Ministerio Público de la Acusación.
Por la reiteración de delitos que fueron planificados por internos de la cárcel de Coronda, el juez del fuero provincial Nicolás Foppiani (se desempeña en Rosario) dejó sentado por escrito que ningún preso de ese establecimiento puede tener celular.
En la cárcel de Piñero la situación no es distinta. El pasado lunes, el recluso Juan Manuel Darío Añazco, que regresaba de una salida transitoria –cumple una condena a 10 años y 8 meses de prisión por un homicidio cometido en 2016 en la ciudad de San Lorenzo– fue requisado antes de su ingreso y se le secuestraron nueve celulares. Por esa situación, se le revocaron los permisos para tener egresos con fines laborales.
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