
Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP, apostados en la zona de la Triple Frontera, en el puerto de Puerto Iguazú, frustraron una maniobra de contrabando de 10 toneladas de plomo y 8 de cobre a Paraguay. Lo más particular del caso fue el modus operandi de la banda: “ocultaron” la carga en los baúles de nueve vehículos e intentarían cruzar en balsa hacia el país vecino.
El caso se descubrió cuando un ciudadano paraguayo se presentó en el control aduanero del Resguardo Jurisdiccional Aduana de Iguazú Puerto Fluvial Puerto Iguazú, con intención de salir de la Argentina hacia la ciudad de Presidente Franco, en el país vecino, a bordo de una balsa. Consultado sobre si tenía mercaderías para declarar en el vehículo que llevaba matrículas de su país de origen, respondió que no, que solo llevaba un poco de basura que había olvidado descargar en su domicilio.
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Cuando los aduaneros inspeccionaron el baúl, encontraron una llamativa cantidad de metal pesado. La misma escena encontraron en los ocho automóviles siguientes, entre ellos un Toyota Station Wagon.
Se trataba de 10 toneladas de plomo acondicionado en bloques y 8 toneladas de restos de cables y caños de cobre. El valor total de la carga supera la suma de 7 millones de pesos.
La Aduana procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería, ya que la cantidad detectada permitía presumir que estaba siendo exportada con fines comerciales, suponiendo una transgresión al régimen de equipaje. Esto constituye una infracción en los términos del artículo 979 del Código Aduanero y, en ese marco, podría caber una multa de $21.297.500,40.
Fuentes de la causa, en manos del juez federal de Eldorado Miguel Ángel Guerrero, creen que el intento de contrabando podría estar relacionado al creciente robo de cables de cobre en Rosario, un negocio que crece en el hampa. Queda por determinar si este tipo de maniobras de contrabando hacia Paraguay están relacionadas con ese negocio ilegal.
La ciudad santafesina es un punto caliente en un delito que afecta tanto a empresas del Estado de agua y energía como a privadas del área de gas y telecomunicaciones y el negocio sigue en alza. Es vox populi en Rosario que algunas chatarrerías cercanas al Puente Negro (Sorrento y Circunvalación) pagan entre 800 y mil pesos el kilo de cobre.
La tendencia, que padecen firmas privadas y los vecinos, también afecta al Estado, principalmente dos empresas: la que presta los servicios sanitarios (Aguas Santafesinas) y la de energía (EPE) que cotidianamente ven resentido el tendido de sus redes por este tipo de robos que las obliga a reparar y reponer por causas ajenas al desgaste de equipos y cabinas.
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Una empresa reveló a Infobae que en octubre de 2020 tenían un promedio de 38 casos mensuales, un mes después subió a 140 y el mes de septiembre de 2021 registró su pico más alto con 264 hurtos, hasta ese momento.
En julio de 2021, cayó en Santa Fe Leonardo Romero. La Policía provincial lo allanó en su galpón del barrio La Guardia, donde guardaba 4 toneladas de metal. Además, le encontraron hasta placas de tumbas de cementerio y casi cuatro millones de pesos en efectivo.
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