El 90% de los casos de extorsión en Honduras no llega a los cabecillas, según organismo local

Las investigaciones contra la extorsión en Honduras continúan concentrándose en personas capturadas mientras cobran el dinero exigido a sus víctimas, en lugar de alcanzar a los niveles superiores de las estructuras criminales, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización de la sociedad civil hondureña.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, afirmó que alrededor del 90% de los requerimientos fiscales y las condenas por extorsión entre 2022 y 2025 corresponde a personas detenidas en flagrancia. A su juicio, este patrón limita la capacidad del Estado para desarticular las redes que organizan, financian y dirigen el delito.

El señalamiento surge de una revisión de información solicitada por la ASJ sobre la respuesta estatal frente a la extorsión, un delito que afecta a familias, comerciantes y transportistas, además de generar presiones económicas en comunidades enteras.

“Me atrevo a decirle que el 90 por ciento de esos requerimientos y de esas condenas fueron personas que fueron capturadas en flagrancia”, dijo Castañeda al referirse a los resultados del período analizado.

Castañeda sostuvo que las autoridades deben avanzar hacia investigaciones capaces de identificar a quienes coordinan las operaciones criminales, más allá de detener a las personas que reciben directamente los pagos.

La dimensión del problema también se refleja en las estimaciones de hogares afectados. Según los datos expuestos por Castañeda, durante 2024 la cifra superó los 300.000 hogares, mientras que en 2025 se situó en aproximadamente 294.000.

Hogares víctimas de extorsión

El boletín de seguridad y justicia de la ASJ registra específicamente 294.760 hogares víctimas de extorsión en 2025, frente a 304.387 en 2024.

Esas cifras corresponden a hogares en los que al menos una persona informó haber sido víctima de extorsión durante los 12 meses anteriores a la medición. No representan necesariamente el número de denuncias presentadas ante la Policía ni la cantidad de expedientes abiertos por el Ministerio Público.

Un delito puede afectar a una familia sin que sus integrantes formalicen una denuncia, ya sea por temor a represalias o por desconfianza en la respuesta de las autoridades.

Para Castañeda, la extorsión ha dejado de ser un problema limitado al patrimonio individual y se ha convertido en un mecanismo de presión económica que puede condicionar la actividad comercial y la vida cotidiana de barrios completos.

Los pagos exigidos a transportistas, pequeños comerciantes y familias reducen los ingresos disponibles y pueden obligar a algunos negocios a modificar sus horarios, limitar sus operaciones o incluso cerrar.

Alcance de las investigaciones penales

Según el representante de la ASJ, la elevada proporción de casos relacionados con detenciones en flagrancia evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades para investigar la estructura completa de las organizaciones criminales.

En este tipo de delitos, las personas que cobran el dinero pueden ser solo una parte de una red que incluye a quienes ordenan las amenazas, coordinan los cobros, distribuyen los recursos y mantienen la operación. Por eso, la persecución penal requiere establecer vínculos entre los participantes, identificar a los responsables de las decisiones y reunir pruebas que permitan sustentar las acusaciones ante los tribunales.

La ASJ considera que una estrategia centrada en detener a quienes realizan los cobros resulta insuficiente si no logra avanzar hacia los responsables de mayor jerarquía.

Cero requerimientos

Castañeda también llamó la atención sobre los resultados que, según la información revisada por la ASJ, presentan otros delitos vinculados con las estructuras criminales.

“A agosto del 2026 no tenemos ni un tan solo requerimiento o condena por tráfico de personas”, afirmó.

Castañeda cuestionó que no se registraran requerimientos fiscales ni condenas por tráfico de personas en el período señalado, pese a su gravedad y a los riesgos que representa para las víctimas.

La ausencia de registros en las categorías mencionadas no permite concluir, por sí sola, que no existan investigaciones en curso o que no se hayan presentado denuncias. Sin embargo, sí plantea interrogantes sobre la cantidad de casos que avanzan hacia la acusación formal y la obtención de sentencias condenatorias.

La ASJ sostiene que el Estado necesita mejorar la capacidad de investigación criminal y la coordinación entre las instituciones responsables de reunir pruebas, presentar acusaciones y obtener sentencias.