Con el correr del tiempo, la investigación por la muerte de cinco bebés en Córdoba apunta cada vez con más fuerza hacia Brenda Aguero, la enfermera detenida sospechada de inyectar sustancias tóxicas a recién nacidos. En las últimas horas, esta idea tomó más fuerza luego de que un fiscal de la provincia dictara prisión preventiva contra la mujer que trabajaba en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, quien también generó complicaciones en la salud de al menos otros ocho. Por esa razón, también se amplió la imputación en su contra al agregarle la tentativa de homicidio por los ocho casos de niños afectados que sobrevivieron.
Así lo dispuso Raúl Garzón, fiscal de instrucción a cargo de la investigación, quien dictó la prisión preventiva de la mujer, que permanece detenida desde el 19 de agosto pasado, imputada en primera instancia por “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso”.
Para esta decisión fueron claves los resultados de distintos informes forenses, lo que llevó al fiscal a tomar la decisión de ampliar la imputación de homicidio calificado por procedimiento insidioso a las otras tres muertes de recién nacidos que hubo entre marzo y junio de 2022. Así, pasó a estar imputada por cinco muertes y no por dos como hasta el momento.
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En un intento por seguir dilucidando responsabilidades, a principios de mes la Justicia resolvió acceder al pedido de las dos mujeres para que los restos sean exhumados y se practiquen estudios.
El fiscal Garzón accedió al pedido para que en fecha a determinar se realicen las exhumaciones con el efecto de poder hacer los estudios científicos correspondientes para determinar la etiología de la muerte.
Las dudas surgen ya que a ninguno de los bebés se les realizó autopsia, razón por la cual Nayi destacó que de los resultados que surjan se va a cotejar el ADN y también se hará lo mismo con la documentación médica, testimonios y otros elementos de pruebas ya existentes.
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Sin embargo, el desarrollo de la investigación podría traer aparejado nuevas consecuencias para la detenida, ya que, según lo expresado por el abogado Carlos Nayi, representante de familiares de víctimas en el caso, se conoció que Agüero había buscado en Google cómo dosificar potasio y cómo dosificar insulina en bebés. Esa confirmación se alcanzó tras las pericias a la computadora de la imputada.
El letrado considera importante la resolución dictada por el juez Garzón y subrayó: “Es la más dura respuesta con la prueba en la mano a quien violó la ley penal, la justicia está actuando con celeridad en la causa”.
En esa misma línea, Nayi también destacó el hecho de que se dictara prisión preventiva para la acusada: “Hay riesgo procesal por peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación”.
Pero más allá de las sospechas y las resoluciones dictadas respecto al accionar de la enfermera, la justicia entiende que otras personas también tuvieron responsabilidades.
En el marco del expediente, la exdirectora del Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, Liliana Asís, está imputada por “omisión de los deberes de funcionario público”, al igual que dos jefas del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.
Mientras tanto, otras seis personas están imputadas, pero en libertad, por ‘omisión de los deberes de funcionario público’, como el exministro de Salud, Diego Cardozo; el exsecretario de Salud provincial, Pablo Carvajal; y el exvicedirector del hospital, Alejandro Escudero Salama.
La situación escaló incluso hasta al ahora ex Ministro de Salud provincial, quien debió renunciar a su cargo el 25 de agosto tras los cuestionamientos recibidos por no haber denunciado los hechos ante la Justicia porque, según la investigación, en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y solamente se había iniciado un sumario administrativo interno.
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