Trece fiscales ordenaron 62 redadas a la Policía Bonaerense en un golpe coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires contra diversos grupos dedicados a las estafas online, cuenteros y sopladatos dedicados a desvalijar cuentas bancarias y apoderarse de perfiles de WhatsApp, jugadores del delito de mayor crecimiento en la Argentina en los últimos años. Ocurrió este miércoles y hubo 11 detenidos con pedido de captura previo, 18 aprehendidos, con la intervención de la Secretaria de Política Criminal de la Procuración.
Se calcula que los imputados, varios grupos sin relación entre sí, provocaron un daño mayor a 50 millones de pesos. Cayeron en Junín, La Plata, Pergamino, Trenque Lauquen, Necochea. Los presos también juegan. Cuatro cárceles provinciales fueron allanadas. Se encontraron cosas interesantes en los procedimientos, como una granja de placas para minar criptomonedas, una figura que se repite cada vez más en el hampa. Y entre todos los involucrados, hubo uno que sobresalió.
Juan Pernín es un informático de 42 años con domicilio fiscal en una galería comercial del centro de San Miguel. Tuvo varios trabajos en blanco en las últimas dos décadas, en supermercados mayoristas, sindicatos, empresas dedicadas a la educación. La Sub DDI de San Miguel entró por la fuerza a su casa en un barrio periférico de Moreno donde vivía con su concubina, Tamara Ziermoly, experta en reparar celulares.
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Una denuncia de Mercado Libre por compras desconocidas por usuarios había llevado a la Justicia hasta él. La denuncia fue investigada por la fiscal Andrea Andoniades, de la UFI especializada en ciberdelitos de la jurisdicción de San Martín, un daño calculado en 9 millones de pesos. Sin embargo, la denuncia tenía algo distinto a la norma en ciberdelitos. Había tarjetas físicas involucradas.
Eso es lo que encontraron en la casa de Pernín, en cierta forma.
Allí, sobre la calle El Hornero, lo encontraron, lo detuvieron y le incautaron tres impresoras, tres cartuchos de tóner, una plastificadora, una guillotina, 81 chips de telefonía celular. Era básicamente su estudio de producción gráfica: allí tenía 44 tarjetas en blanco y 36 DNI falsificados a punto de terminar. También, tenía 30 sobres de folletería de Tarjeta Naranja. Las tarjetas eran clonadas, el aparente metier de Pernín, acusado de ser un experto en la materia, un falsificador serial de plásticos.
Cayó porque fue poco hábil, porque, supuestamente, dirigió el dinero de las compras truchas a cuentas a su nombre. La DDI de San Martín realizó otros allanamientos vinculados al caso en la zona, a personas que recibieron la plata de las compras falsas. Sin embargo, no era la primera vez que la fiscal lo perseguía. “Se dedica a esto hace años. Es literalmente un artesano”, afirma una fuente clave en el caso. La Municipalidad de José C. Paz fue su último empleo registrado. Lo mantuvo por años a pesar de que ya estaba imputado en causas penales, de acuerdo a las fechas en su información previsional.
La fiscal Andoniades está a cargo de su actual UFI desde 2015. Cuando llegó, ya había un expediente contra Pernín radicado allí por mover tarjetas falsas, defraudando a un corralón de materiales. También recibió varias denuncias desde CABA, por motivos de competencia. Pernín, aseguran fuentes judiciales, fue a juicio por una de estas acusaciones en San Martín. Sin embargo, evitó la condena, no por una absolución sino porque nunca se presentó y fue declarado rebelde a fines de 2019.
Nunca fue encontrado. Lo buscaron en Moreno, José C. Paz y Derqui, con resultados negativos, hasta este miércoles.
La fiscal aguardaba su turno para indagar a Pernín poco antes del cierre de esta nota por los delitos de estafa y falsificación de documento público.
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