Diez policías detenidos por azotar y simular fusilamientos a presos en una comisaría de Tartagal

Diez agentes de la Policía de Salta fueron detenidos y serán imputados en las próximas horas por haber golpeado, azotado y simular fusilamientos contra detenidos en una comisaría de la ciudad de Tartagal.

Los policías fueron apresados luego de que se denunciaran los hechos ocurridos el 29 de mayo pasado en la comisaría 42ª de la Policía de Salta. El fiscal de Derechos Humanos de la Justicia provincial, Gabriel González, inició el proceso de investigación horas atrás: ya entrevistó a las víctimas, ordenó el secuestro de libro de guardias y de los dispositivos móviles de los agentes.

Con la intervención del fiscal, los detenidos en la comisaría denunciaron a los policías por torturas, azotes y golpes con látigos, cachiporras y palos. González ordenó informes médicos y se constataron hematomas, equimosis, fracturas, y varias lesiones.

Según denunciaron, los detenidos habrían sido obligados a desnudarse y a permanecer sin ropa alguna durante un largo período de tiempo de la madrugada del 29 de mayo pasado. Según declararon, fueron siete horas en las que los manguerearon con agua fría en la noche helada.

Mientras los golpeaban, los policías destruyeron las pertenencias de los detenidos. Y, de acuerdo con algunos relatos de las víctimas, fueron obligados a meter la mano en el lugar donde defecan, y sometidos a la simulación de ejecuciones mediante escopetas. “Algunos se escondían bajo los colchones en sus celdas”, declararon varios testigos.

El Ministerio Público Fiscal de Salta anunció en su página web que este lunes, probablemente, se iba a imputar a los diez policías detenidos en la Fiscalía de Derechos Humanos: ocho pertenecen a la División Infantería de Tartagal y dos trabajan en la Comisaría 42ª de esa ciudad salteña. Al cierre de esta nota, según consignaron fuentes judiciales de Salta, todavía no se había formalizado la acusación contra los sospechosos.

Según se supo, el fiscal Gonález ordenó la detención de los agentes luego de que algunos detenidos contaron que fueron amenazados respecto de lo que podría sucederles si sostenían las denuncias. “El mensaje incluso fue recibido por familiares”, comentaron fuentes judiciales.

La violencia de los policías contra los detenidos se dio días después de que el Comité para la Prevención de la Tortura de Salta fuera hasta la Comisaría 42ª a constatar las pésimas condiciones en las que están alojados allí las personas detenidas. El Comité informó al 27 de mayo había 56 personas alojadas en cuatro celdas pequeñas.

“Esa comisaría está en situación desesperante de hacinamiento, está saturada. Tiene una capacidad para 12 y tiene más de 50 presos. Es una situación complicada. El Comité contra la Tortura, que se inauguró hace tres meses, hizo una visita y antes de que vayan los regaron con agua, les tiraron manguerazos, hecho que también se habían denunciado”, comentó una fuente judicial jerárquica a Infobae. Y consideró: “Posiblemente, lo que pasó el 29 tenga que ver con eso”.

El Comité precisó que entre los detenidos hay personas con prisión preventiva y condenadas, alojados “con carácter permanente”, a pesar de que las comisarías “no son instituciones destinadas a albergar a personas más allá de un breve periodo de tiempo”. También se constató una sucesión de violaciones de derechos de las personas detenidas. Por ejemplo, les impiden estar en contacto con sus hijos.

“El espacio destinado a las personas privadas de libertad no cuenta con las condiciones mínimas que garanticen un trato digno ni asegura posibilidad alguna de higiene o seguridad, no tiene baños (se utiliza un pozo común con cámara séptica, que se puede usar solo en determinadas horas por día y sin privacidad), tampoco hay duchas, se advierten cucarachas y otros insectos saliendo de las paredes, en general se observa falta de higiene y ventilación, no hay camas y gran parte de la población duerme en el piso sin colchones”, dice el informe del Comité.

“No existe posibilidad alguna de actividad recreativa, laboral o educativa; y el régimen de visita es absolutamente limitado: 15 minutos por semana de un único familiar. Se alegan, además, diferentes tipos de malos tratos, los cuales fueron oportunamente denunciados”, cerró el Comité.

“No sorprenden los hechos aislados de violencia policial, pero esto fue una golpiza desmesurada. Fueron a eso. Y si lo hacen es porque se sienten con una espalda grande”, consideró una fuente judicial consultada por este medio, quien concluyó: “No lo van a hacer diez tipos porque se les ocurrió”.

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