No parecía tan amenazante, no a simple vista. N.B llegaba a su casa en un pasaje del microcentro porteño con una bolsa de las compras en su brazo, cubierta con un tapado de hilo azul. Sin sobresaltos, la mujer de 70 años le abrió la puerta a los efectivos del departamento Trata de Personas de la Policía Federal, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Allí, los policías le explicaron qué pasaba, y cómo iba a seguir todo.
En los papeles, N.B, nacida en Paraguay, es una jubilada cubierta por el PAMI, que cobra sus haberes en un banco porteño. 20 años atrás se inscribió en la AFIP, un alta en los rubros de servicios inmobiliarios. Quizás, ese registro legal sea simplemente un frente.
A la jubilada a acusan de regentear prostíbulos con contratos de alquileres falsos y otros trucos sucios. “Hace años que lo hace”, dice un detective del caso: “Es una histórica”. Una histórica escurridiza, también. N.B no tuvo condenas o procesamientos confirmados en su contra en el fuero de instrucción o el fuero federal en la última década, según pudo confirmar Infobae de fuentes judiciales. Sin embargo, datos de la Cámara Criminal y Correccional muestran que realizó cuatro pedidos de exención de prisión -algo que puede hacerse preventivamente, sin estar detenido- entre 1996 y 2002. En 1998 fue acusada de estafa. En 2017 fue acusada junto a otro hombre del delito de defraudación a un menor o incapaz, una causa que fue archivada de acuerdo a registros.
Las pruebas del caso, esta vez, no la favorecen.
La habían seguido durante varios días, en sus idas y vueltas. La vincularon a un edificio ubicado literalmente a una cuadra de su casa sobre la avenida Corrientes. Allí, una llamada a la línea 145 de Asistencia y Denuncia contra la Trata de Personas del Ministerio de Justicia denunció que en varios departamentos se vendían servicios sexuales, prostitución tanto masculina como femenina. La investigación comenzó este año, con una causa a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicitta. Se realizaron cámaras ocultas, filmaciones a distancia. Once departamentos fueron investigados inicialmente. Se descubrió que N.B tiene la posesión y el usufructo de al menos ocho departamentos, todos en el mismo edificio.
Al final, fueron allanados cuatro en la mañana del lunes último.
Allí, encontraron a seis personas que ejercían la prostitución -cuatro mujeres, dos varones- y a seis clientes que esperaban sus turnos. Los “privados” tenían todos los implementos usuales: botellas de licor, vibradores de múltiples medidas, botas altas y fustas de cuero entre otros juguetes, camas y preservativos.
La regente de estos departamentos, descubrió la Justicia, era N.B. La jubilada iba y venía constantemente, desde su casa -que es también su domicilio fiscal- a los prostíbulos.
La investigación logró determinar que la mujer supuestamente “ofrecía los departamentos a mujeres y hombres para ejercer la prostitución por hora, por quincena, o mensualmente. Así, confeccionaban contratos eventuales de alquiler”, algo que coincide con la inscripción en los rubros inmobiliarios de la AFIP.
También trataba de cubrirse ante sus vecinos: enviaba cartas documento, intimando a los inquilinos para amenazar con denunciarlos ante la Justicia, cosa que jamás ocurría.
Los cuatro departamentos fueron clausurados. N.B -cuyo nombre se mantiene en reserva para no entorpecer la investigación- quedó imputada pero no fue detenida. Queda, sin embargo, subir un escalón más en la trama, determinar quiénes son los verdaderos titulares de los departamentos. Los investigadores del caso descreen que los departamentos sea de Nilda. Que sea la regente pero no la dueña, que los controle para otros, es altamente posible.
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