La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló una maniobra de contrabando de 140 toneladas de cobre que se detectaron durante un control fronterizo realizado cerca de la localidad formoseña de Clorinda, provincia de Formosa. La carga tenía como destino a Paraguay, con un valor aproximado de 102.200.000 pesos.
La investigación permitió interceptar el irregular traslado de dos camiones que transportaban el voluminoso material. Las piezas encontradas eran desperdicios metálicos, de aleación de cobre con estaño, sobre los que se sospecha que se obtuvieron a partir de cables robados.
Las imágenes del operativo exponen la magnitud de la maniobra en la frontera porosa del norte argentino. Bolsones llenos y cargados con desechos del metal, en la que se observan formas diferentes, que corresponderían con objetos de distinto tipo. Algunas de ellas son similares a los filamentos de los cables.
Los agentes de seguridad y de fiscalización de la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General Impositiva (DGI) y Gendarmería Nacional interceptaron a los vehículos en un puesto de control sobre la Ruta Nacional 11, cuando se dirigían a Clorinda desde la localidad de Lucio Mansilla, para partir hacia Paraguay a través de un paso clandestino.
El cobre y sus desechos son un codiciado material para la industria. De hecho, el gobierno nacional restringió la exportación de este tipo de desperdicios, ya que son insumos habituales y recurrentes en la actividad siderúrgica. Desde hace años, Argentina carece de un abastecimiento constante de esta chatarra estratégica y su producción viene cayendo considerablemente en todo el país.
El Poder Ejecutivo reconoció la demanda de estos metales en el decreto 909/2021, publicado el 31 de diciembre del año pasado, donde afirma que es “mínima la producción de cobre y sus desperdicios, pero muy alta su importación”. Por lo tanto, el Gobierno decidió prorrogar la suspensión por un año de la exportación de estos desechos que son claves para el consumo de la industria siderurgica.
Este tipo de prohibiciones en el rubro ya cuentan con más de una década de vigencia. Se fijaron a partir del año 2009, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. Según la normativa del Mercosur y el código aduanero, las restricciones en el comercio son válidas en la medida que sean “temporales”, con el fin de “prevenir o remediar una escasez aguda de productos esenciales para el desenvolvimiento de la economía de un país”.
En ese contexto de escasez de cobre, hierro y otros metales es que se detectó el presunto contrabando. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, las autoridades del juzgado federal de Formosa N°1 instruyeron la orden de interdictar la mercadería y los semirremolques al detectarse que no coincidía la carga con la documentación presentada por los conductores.
El operativo de Gendermería y personal de AFIP constató las “presuntas anomalías” durante el registro de la documentación respaldatoria. La mercadería estaba a nombre de la empresa recicladora “La Casona”, con domicilio legal en la provincia de Buenos Aires.
A partir del procedimiento judicial, los investigadores a cargo dieron comienzo a las averiguaciones para determinar la trazabilidad, el origen y destino del material secuestrado. Ese informe técnico será, eventualmente, girado a la fiscalía y el juzgado interviniente.
La causa quedó bajo la carátula de “averiguación de ilícito” y los conductores bajo sospecha quedaron en libertad hasta tanto se determinen las responsabilidades.
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