El sábado por la mañana un hombre fue hasta la terminal de ómnibus de larga distancia de El Talar, en el partido bonaerense de Tigre, a sacar un pasaje de micro. Los empleados le informaron el precio del pasaje y un costo adicional por un servicio que no había tenido en cuenta: le exigían el pago obligatorio de un certificado de hisopado negativo que, según informaban ellos mismo, era requerido en su destino.
El hombre desconfió de la maniobra, fue hasta la Comisaría 6ª de Tigre y los denunció.
La acusación motivó una breve investigación que ese mismo sábado por la tarde derivó en un allanamiento de urgencia a pedido del fiscal Sebastián Fitipaldi, en turno en la UFI de El Talar. Tras ese operativo, siete empleados de las empresas La Santaniana y La Guaireña fueron imputados por los delitos de falsificación de instrumento público y estafa.
Los agentes de la Policía Bonaerense entrevistaron en el lugar a varios otros pasajeros que habían comprado pasajes a ambas compañías -las cuales habitualmente realizan viajes dentro y hacia Paraguay- y reconstruyeron con sus testimonios la dinámica de la estafa.
Los empleados recibían a los clientes y en medio de la transacción les informaban, sin lugar a otra alternativa, que debían abonar también una suma de entre $3.000 y $4.000 -los precios varían según los testigos- por un hisopado para poder viajar.
Muchos de ellos, incluso, se quedaban esperando que un médico o un enfermero se acercara a testearlos.
Lo que recibían era simplemente un papel, una hoja A4 en blanco y negro con membrete de un laboratorio ubicado en la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda, y la firma electrónica de un bioquímico junto al resultado del supuesto test de PCR: siempre “NO DETECTABLE”.
Los policías, junto a personal de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), allanaron los locales 13/14 y 16 de la terminal y secuestraron casi una decena de computadoras y documentación con información sobre los certificados de PCR apócrifos que se comercializaban junto con los pasajes.
Los siete imputados, argentinos y paraguayos de entre 19 y 38 años, según confirmó a Infobae una fuente con acceso al expediente, ya fueron notificados de la causa penal en su contra.
Los investigadores ahora intentarán determinar si el biólogo cuya firma verifica cada certificado estaba involucrado en la maniobra o si, cómo creen que ocurrió, los empleados se valieron de un documento de su laboratorio para replicar y modificar a gusto con la información de cada persona estafada.
Por otro lado, si los destinos a los que viajaban los pasajeros efectivamente solicitaban un hisopado con resultado negativo para ingresar, también podría sumarse a la acusación el delito penado por el artículo 205 del Código Penal, que indica una pena de prisión de seis meses a dos años, a todo aquel “que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Un antecedente similar a este tipo de operatoria tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, en abril de 2021. En aquel momento, tres mujeres fueron detenidas por ser las responsables de un falso consultorio médico en el barrio porteño de Recoleta donde se ofrecían test falsos de detección de coronavirus a $3.500.
El fiscal Sebastián Fedullo de la Fiscalía Nº12 ordenó además la clausura del local, el secuestro de una ambulancia Ford Transit y otras pruebas en contra de las mujeres, acusadas por infracción al artículo 208 del Código Penal y por el ejercicio Ilegal de la medicina.
En ese operativo se incautaron, además, los test PCR no habilitados por la ANMAT, un aparato para realizar electrocardiogramas, tubos de ensayos, documentación, computadoras, insumos médicos y teléfonos celulares.
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