La Justicia de Córdoba investiga a dos trabajadoras bioquímicas acusadas de falsificar y vender certificados de testeos de coronavirus, en complicidad con otras tres personas. Ambas mujeres fueron detenidas e imputadas por los delitos de estafa y uso de documento privado apócrifo en concurso real.
Las detenciones de Silvia Paola Villalón y Paola Andrea Lucero se realizaron el 12 de abril pasado, tras una larga investigación encabezada por el fiscal Gustavo Dalma, a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno Turno 5.
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la maniobra irregular comenzó a investigarse a raíz de una denuncia formulada por Pablo Rubén Gortinz, titular del laboratorio Gornitz de la ciudad de Villa María, quien alertó a las autoridades al tomar conocimiento de que una bioquímica había entregado una constancia de testeo de COVID-19 -con resultado negativo falso- con membrete de dicho laboratorio y la firma de una médica inexistente.
La denuncia recayó en la Unidad Judicial de Delitos Económicos y destapó decenas de casos similares, todos correspondientes a hechos ocurridos el año pasado. Los investigadores lograron identificar a por lo menos 30 víctimas de este tipo de estafas. Todos ellos pagaron una suma de dinero que que oscilaba entre los $6.000 y los $11.000 para la realización de los testeos a domicilio.
Al los damnificados les tomaban las muestras pero éstas nunca llegaban a analizarse. Luego, de acuerdo a la investigación, las imputadas entregaban como constancia certificados falsos de laboratorios, siendo en algunos casos del Gornitz. Estos certificados tenían además una particularidad: siembre mostraban resultados negativos.
Villalón y Lucero actuaban en complicidad con Florencia Galetto, Javier Lujan Zapata y Rodolfo Adrián Galetto, quienes están implicados en la causa pero permanecen en libertad, aclararon desde el MPF. Ambos hombres fueron acusados como partícipes necesarios de las estafas, mientras que la mujer fue imputada por el delito de falsificación de documento privado.
Una fuente del caso comunicó a Infobae que ninguno de los acusados tiene antecedentes ante la Justicia. Todos son oriundos de la ciudad Córdoba, al igual que las víctimas conocidas hasta este jueves. La semana próxima serán indagados por el fiscal Dalma, que como parte de la investigación trata de saber si la estafa afectó directamente la salud de las personas que se testearon o indirectamente a sus familiares por posibles contagios.
El mes pasado, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, había manifestado su preocupación por los certificados de pruebas negativas de COVID-19 truchos. En aquella ocasión, el funcionario se refirió al caso puntual de las personas que ingresaban al país. En ese marco, aseguró que no se puede confiar en los exámenes que muestran los viajantes y por tal motivo anunció testeos en Ezeiza para los residentes de la provincia de Buenos Aires.
“Ya no se puede creer en los PCR que vienen de afuera. Esto pasa en Europa también. Se venden los PCR para viajar. Se están falsificando los PCR, lo cual es gravísimo y pone en riesgo no solo a la persona sino al conjunto de gente que viajó en el avión porque ya no es una persona sino 30 o 40 personas y los aerosoles son mucho mayores”, afirmó Gollán.
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