Un joven de la comunidad Qom fue baleado y murió en un enfrentamiento con la policía provincial de Chaco, por lo que la Justicia investiga un posible caso de gatillo fácil. El hecho ocurrió ayer en el barrio Los Silos de la localidad de General San Martín y concluyó con el arresto de cinco efectivos policiales, más de 15 heridos y una comisaría incendiada.
La víctima fue identificada como Josué Florentín Lago, de 23 años. Todo comenzó por la mañana después de un llamado al 911 por “un conflicto vecinal”, informó a la prensa el comisario General Ariel Acuña. A raíz de ello dos patrulleros se digirieron al lugar. De acuerdo al jefe de policía, la presencia de los agentes no calmó la situación sino que, por el contrario, alteró los ánimos. Lo cierto es que en un momento dado comenzaron los disturbios y en medio del descontrol, uno de los disparos impactó en el cuerpo de Lago, que falleció en plena calle.
El caso es investigado por la fiscalía especializada en Derechos Humanos de Roque Sáenz Peña. Se esperan los resultados de la autopsia para determinar si la bala salió de un arma reglamentaria de algún efectivo policial o de un manifestante.
Después de que Lago resultara baleado, la tensión y los incidentes continuaron. Un grupo de vecinos enfurecidos fue hasta la comisaría y arrojó piedras y prendió fuego en el interior del edificio. Algunos manifestantes aprovecharon la ocasión para saquear el lugar: en videos viralizados en redes sociales se observa cómo se llevaron un televisor y hasta ollas.
Producto del ataque, al menos 17 policías resultaron heridos. En tanto, los presos que se encontraban dentro, tuvieron que ser liberados. Mientras todo eso sucedía, otro grupo de manifestantes se reunió sobre la Ruta 96 para protestar y reclamar justicia.
Hasta el momento son cinco los efectivos policiales detenidos y tres autoridades policiales fueron separadas de su cargo. El Ministerio de Seguridad y Justicia chaqueño comunicó que trabaja en el esclarecimiento del caso y la Secretaría de Derechos Humanos se constituirá como querellante en la causa, tras reunirse con familiares de la víctima y testigos del hecho.
“Desde el momento en que tomamos conocimiento de los hechos nos comunicamos con referentes de la comunidad y los escuchamos. Fuimos con la traductora indígena Elizabeth González, y escuchamos a los familiares de la víctima, a quienes se les explicó la situación y les comunicamos que se va a garantizar que la autopsia sea realizada por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) de Resistencia”, explicó Silvana Pérez.
La funcionaria agregó que solicitaron que se aplique en la autopsia el protocolo de Minnesota. El mismo es una herramienta elaborada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la investigación de muertes “potencialmente ilícitas”. Es aplicable en los casos en que una muerte pudo haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes; cuando la muerte sucedió mientras la persona estaba detenida o bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes; o cuando la muerte podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida.
“Escuchamos los testimonios del barrio y acompañamos al ayudante de la Fiscalía de Derechos Humanos César Hidalgo para que pudiera tomar los nombres y apellidos de los testigos oculares’', amplió Pérez.
Diferentes organismos repudiaron los actos violentos. Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “este hecho es parte de la persistente represión policial a las protestas de las comunidades indígenas y campesinas. Los problemas históricos de estas comunidades se están agravando aun más en pandemia, en particular en el noroeste y el noreste del país”.
“Esta situación se suma a la violencia y abuso policial contra cuatro jóvenes de la comunidad Qom en la localidad de Fontana, en mayo del año pasado. Las autoridades provinciales deben adoptar medidas para prevenir actuaciones abusivas por parte de las fuerzas policiales y garantizar que no vuelvan a repetirse”, coincidieron desde Amnistía Internacional Argentina, que pidió una investigación “independiente, imparcial y efectiva”.
Por su parte, el Comité de Prevención de Tortura expresó mediante un comunicado de prensa: “La Violencia Institucional hacia los Pueblos Indígenas no resultan hechos aislados en nuestra provincia, por lo que reiteradamente este Comité viene bregando por una discusión seria en el tema para prevenir y evitar se reiteren estas situaciones”.
En tanto, la procuradora indígena Eliana González, en diálogo con ANRED, recordó a Lago: “Era un chico que vivía con el padre. Era bueno. En el barrio todos lo conocían. La comunidad salió a la calle a pedir justicia contra el abuso policial que acá es de todos los días”.
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