La Sala Tercera Penal revocó la libertad bajo medidas sustitutivas de Pedro Duque y ordenó que sea enviado a prisión preventiva en un plazo de una hora desde la notificación al juez que conoce el caso.
La decisión se tomó al considerar que existe riesgo de fuga y de interferencia en la investigación por la sustracción anómala de más de Q21 millones del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), una institución financiera del Estado de Guatemala.
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La resolución revirtió la decisión que el 10 de junio había tomado el juez Mario Hichos. Los magistrados concluyeron que el control telemático no elimina la posibilidad de que Duque abandone el proceso ni la de que influya para impedir el esclarecimiento de los hechos.
El expediente también incluye una disputa sobre el cumplimiento de las condiciones que habían permitido su salida de prisión. El Ministerio Público sostuvo que Duque debía presentarse cada 15 días a firmar el libro de control de medidas sustitutivas en la Fiscalía Municipal de San José Pinula, pero que la resolución judicial no precisó si el plazo corría en días hábiles o corridos ni desde qué fecha debía contarse.
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El Ministerio Público documentó un incumplimiento de la medida de control
El ente investigador indicó que, ante esa omisión, la Fiscalía contra el Crimen Organizado promovió una aclaración ante el juzgado, pero la petición no fue resuelta. Aun así, el Ministerio Público verificó el cumplimiento de la obligación una vez transcurridos 15 días hábiles desde la resolución.
La fiscalía afirmó que el 2 de julio revisó el libro de control y constató que el sindicado no había cumplido con la firma impuesta por el juzgado. A partir de esa constatación, promovió el procedimiento para pedir la revocatoria de las medidas sustitutivas.
Duque permanece ligado a proceso penal por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
De acuerdo con la investigación, es señalado como cabecilla de una estructura que habría descalcado al Crédito Hipotecario Nacional mediante mecanismos financieros irregulares.
La pesquisa del caso sostiene que entre enero y marzo de 2024 fueron aprobados préstamos de hasta Q400 mil (USD 51.282) a personas que, según la investigación, no tenían capacidad económica ni cumplían los requisitos para acceder a esos créditos.
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El monto atribuido a la defraudación aparece estimado en aproximadamente Q21 millones (USD 2.7 millones).
La recusación contra el juez Hichos mantiene abierto quién seguirá a cargo del caso
Aunque la sala revocó el beneficio, la situación procesal no está completamente despejada porque sigue pendiente una recusación promovida por el Ministerio Público contra el juez Mario Hichos. La fiscalía cuestionó su imparcialidad después de que beneficiara a Duque con las medidas sustitutivas.
Según la notificación, existe la posibilidad de que los magistrados ordenen de inmediato al juez cumplir el envío a prisión preventiva y resuelvan después si Hichos continuará al frente del proceso o si el expediente será trasladado a otra judicatura. Hasta el momento, se desconocía si el juzgado ya había sido notificado formalmente de la decisión.
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El caso también incluye medidas cautelares patrimoniales. Según la investigación, el dinero obtenido a través de los préstamos habría sido usado para comprar vehículos de lujo, inmuebles y otros bienes a nombre de personas individuales y jurídicas vinculadas con los investigados, entre ellas la empresa Crown & Lion, relacionada con Duque.
Como parte de esas medidas, el Ministerio Público inmovilizó bienes entre los que figuran un Aston Martin DB11 Coupé modelo 2017, otros vehículos de alta gama y 10 armas de fuego.
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