
Siempre existió una fantasía alrededor de lo que es realmente un narcotraficante. El cliché de un capo del negocio de la droga: un hombre poderoso, acaudalado, un hombre hecho de oro que es una sombra, con movimientos internacionales, socios oscuros y un alto poder de violencia, cuya cara se desconoce. Erwin Raúl Loza, nacido en 1978 en la capital de Salta, capo del clan que lleva su apellido, es quizás el único argentino que encaja realmente con este estereotipo, si es que finalmente es declarado culpable..
No es para menos. Solo se conoce una imagen suya, una fotografía de un seguimiento de inteligencia en Barcelona, que ilustra esta nota. Por otra parte, al lado de Erwin, la mayoría de sus colegas y competidores locales parecen unos miserables.
La Ferrari F355 Spider que conducía Diego Armando Maradona a mediados de los 90s se convirtió en un símbolo de la obscenidad de la era narco reciente. Le fue incautada a Erwin en una cochera de San Telmo en 2018 junto a otros autos de colección como un Pontiac Firebird: el capo tenía una cédula azul para conducirla. La Ferrari que había sido propiedad del mejor jugador del mundo ahora estaba a nombre de una empresa cáscara vinculada a Erwin, Automóviles The Boss, o Automóviles El Jefe.
Loza incluso era dueño del estacionamiento. Había comprado la cochera en 2011 junto a Clara Fernández, su mujer, a través de una firma llamada Inversora Salteña, por 2,7 millones de pesos, plata producto de la venta, al menos en los papeles, de otros inmuebles en Villa Madero y La Matanza. La esposa de Loza había ocultado la propiedad a la AFIP durante años, hasta el sinceramiento de 2017. Loza mismo después se lo transfirió a su mujer que representaba a otra firma, Uruguay Parking, para que lo explote como estacionamiento. Celebraron un contrato de locación entre ellos, por otros dos millones.

No era el único bien interesante que le encontraron a Erwin, que terminó preso en Devoto: le allanaron también su mansión en Martínez, pileta incluida. Los Loza habían montado, según la acusación en su contra, un poderoso andamiaje para mover cocaína entre América y Europa durante casi una década. José Gonzalo Loza fue arrestado en España, donde la Justicia le plantó micrófonos ocultos al clan, con allanamientos en ciudades como Málaga. Valdemar Loza, el hermano mayor, fue arrestado con 1100 kilos de cocaína en Tapiales en diciembre de 2017.
No eran solo casas y autos: también se le encontraron al clan hoteles, empresas, estacionamientos, negocios a lo largo del país. La PROCUNAR -el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico, dirigida por el fiscal Diego Iglesias- encargada de investigar delitos de narcotráfico, fue la que desmontó esta estructura. Así, quedó el dinero.
Entonces, en medio de la pandemia, se inició un proceso de extinción de dominio: dos hoteles de los Loza en Salta fueron cedidos a la provincia para aislar personas en la pandemia. El total del clan ascendía a 190 bienes muebles e inmuebles, una fortuna estimada en $800 millones de pesos, según un informe oficial de la PROCUNAR.

En octubre de 2019, Iglesias y el fiscal en lo penal económico Pablo Turano pidieron la elevación a juicio de Erwin, su mujer, Gonzalo y otros nueve imputados como el empresario peruano William Weston Millones por el delito de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de dinero al exterior y al lavado de activos narco, diez años de operaciones oscuras desde 2008 hasta 2018, con una doble ruta de tráfico de cocaína oculta en pescado congelado y en autos de rally. Diego Guastini, el financista asesinado en Quilmes, delator e informante en varios expedientes judiciales, había cantado en su contra tras colaborar supuestamente con la familia: señaló a Erwin por la cocaína del operativo Leones Blancos, un fiasco de 480 kilos de polvo que terminó con la caída del fiscal Claudio Scapolán, acusado de falsear el operativo junto al policía Adrián Baeta, íntimamente ligado a Guastini.
Hoy, cuatro años después del comienzo del fin, el clan Loza va a juicio: comenzará el 26 de julio en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 con el fiscal Gabríel Pérez Barberá, ex jefe de la PROCELAC, como acusador en el proceso.
Sin embargo, hubo algo en el medio.

Un mes atrás, ante la certeza del comienzo del proceso, varios defensores comenzaron charlas informales para algo común en procesos de este tipo: un acuerdo de juicio abreviado, un arreglo de pena tras una admisión de culpa. Weston Millones, con un abogado oficial, fue de los primeros en plegarse.
Sin embargo, Erwin y otros miembros del clan, según fuentes cercanas al caso, fueron un poco más duros. La negociación para lograr un abreviado finalmente fracasó en el día de ayer y la fecha del proceso fue fijada. Los Loza, básicamente, pedían demasiado, algo que la fiscalía de juicio no podía aceptar: quedarse con casas y negocios, recuperar parte de su patrimonio original, justamente lo que está en tela de juicio en un proceso de lavado de activos. Otros imputados, un poco más abajo en la pirámide, intentaron la vía institucional con incidentes de devolución para que les regresen propiedades con escrituras y llaves, departamentos, campos en Cañuelas, computadoras y cifras millonarias en efectivo, pedidos que fueron cíclicamente denegados en los últimos meses por el TOPE N°3.
Por otra parte, el acuerdo no fue unánime: algunos imputados no quisieron pactar con una admisión de culpa, con un tribunal que difícilmente hubiese aceptado un abreviado parcial.
La Ferrari de Maradona no estuvo entre las pretensiones de Erwin Loza. Hoy, el auto del ídolo fallecido, en manos de la AABE, se encuentra en un limbo: venderlo se vuelve casi imposible dado sus altos costos de seguro. Una subasta se encuentra en negociación entre autoridades judiciales a cargo. Uno de los autos más famosos de los años 90 y del fútbol argentino irá bajo un martillo. Erwin Loza, el presunto jefe narco que lo compró, enfrentará otro, mucho más severo.
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