Rosario salvaje: así funcionan los oscuros pactos entre capos narco y policías de alto rango

Un juicio federal que se desarrolla desde noviembre pasado en Rosario expuso de una forma gráfica cómo un policía logró ascender en su carrera dentro de la fuerza de seguridad provincial a través de una especie de pacto con el jefe de una banda narco. Esa relación de mutuo beneficio consistió, según investiga el Ministerio Público Fiscal, en que el vendedor de droga entregara datos de otros dealers –para detenerlos y mostrar procedimientos positivos, un supuesto éxito público en la lucha contra el delito– a cambio de no iniciarle una causa penal, un histórico formato de transa entre policías sucios y delincuentes.

Esa situación fue develada de forma detallada por Ignacio Actis Caporale, el extravagante líder de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes que fue detenido en 2016 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria mientras éste corría como piloto en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires bajo el pseudónimo de “Alex Aqua” mientras tenía pedido de captura. Los uniformados que se desenvuelven como “ente regulador” del delito en el territorio de la ciudad es una cuestión que se repite constantemente, según surge de causas del fuero federal y provincial.

El importante proceso judicial en cuestión tiene como principal acusado a Alejandro Druetta, ex jefe de Drogas Peligrosas de la región sur de Santa Fe y ex jefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), para quien el fiscal federal Federico Reynares Solari pidió 15 años de prisión en los alegatos de clausura hace dos semanas ante el Tribunal Oral Federal Nº 3.

Si bien la organización investigada tiene varios miembros, para el fiscal está encabezada por Druetta; el narcotraficante Ignacio “Ojito” Actis Caporale y el policía Juan “Tiburón” Delmastro –condenado como miembro de Los Monos–, para quienes se solicitó 12 años de cárcel.

“Ojito” fue quien confesó ante la Fiscalía Federal N° 2 que vendía droga, pero que no era el jefe de una organización, si no un subordinado de un alto mando policial. Los datos brindados en ese “arrepentimiento” del narco fueron investigados y la calificación de imputado colaborador fue admitido por el TOF Nº 3.

La extensa declaración de Actis Caporale detalló procedimientos policiales exitosos de Druetta y Delmastro que generalmente se originaban de una forma irregular, por patrullajes que terminaban casualmente con dealers detenidos.

Durante una de las audiencias, el narco Actis Caporale ventiló datos relevantes, como por ejemplo que junto a otros dealers hicieron “una vaquita para pintar” la brigada de Inteligencia de Drogas que funcionaba en calle La Paz de Rosario en el año 2012; o que el dinero que recaudaba tenía como destino la compra de dólares blue en la agencia de cambio y turismo Transatlántica, por orden del propio Druetta.

No es la primera vez que se revela ese tipo de relación de mutuo beneficio entre un narco y un alto mando de la Policía en Rosario. Recientes investigaciones de la Justicia santafesina dan cuenta de otros presuntos pactos que permiten operar a vendedores de droga en determinadas zonas a cambio de datos a la policía para que realice operativos “positivos” que terminan siendo el trampolín hacia un cargo más alto en la fuerza de seguridad.

Una de las investigaciones más importantes después de la mega causa Los Monos fue la que tuvo impulso por la Justicia provincial en 2019 contra Esteban Alvarado, un conocido narco que operó durante años en Rosario. Según los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, contaba con un manto de protección costoso, ya que de su estructura delictiva formaban parte jefes policiales y no agentes de bajo rango.

En la causa fueron condenados varios miembros, entre ellos, policías como Pablo Báncora –trabajaba dentro de la misma unidad fiscal que investigaba al narco y filtraba datos– y los hermanos Martín y Marcelo Rey, quienes al momento de ser detenidos eran jefes en la Policía de Investigaciones (PDI).

Los hermanos Martín y David Rey fueron condenados en juicios abreviados a 3 años de prisión como integrantes de la organización de Alvarado. Eran, para los fiscales Edery y Schiappa Pietra, los encargados de desviar investigaciones contra el narco plantando evidencia en distintos operativos que incriminaba a otras personas. Según expusieron en la audiencia imputativa de 2019, tras una balacera contra la casa de una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los Rey brindaron una serie de datos ante los funcionarios judiciales que ponían bajo sospecha del ataque a rivales de Alvarado. Posteriormente, Edery y Schiappa Pietra acusaron al narco con una serie de indicios probatorios muy complejos que fueron aceptados por la jueza Melania Carrara.

Una causa contra otra organización delictiva que disputaba la venta de droga en la zona norte de Rosario dio lugar a otro manto de sospecha sobre los hermanos Rey como “protectores o garantes” del territorio en favor de Alvarado. Se trata de una investigación contra el clan Romero, una banda muy violenta dedicada también a usurpaciones, amenazas y balaceras.

En ese expediente, la fiscal de investigación y juicio Valeria Haurigot obtuvo procedimientos exitosos contra el clan Romero. Esos operativos fueron encabezados por los hermanos Rey, quienes luego siguieron subiendo escalones dentro de la PDI por su efectividad. Fuentes judiciales sugirieron que el profesionalismo volcado en esa investigación tuvo relación con el beneficio mutuo entre Alvarado y los Rey, ya que los agentes tuvieron labor destacada y ascendieron mientras el narco operó con más comodidad en ese distrito.

La fiscal Haurigot, en diálogo con Infobae, remarcó que algunos policías que regulan el delito en su territorio no necesariamente buscan asociarse a una organización. “A veces pasa por traicionar a una fiscal para sacar provecho. Tengo dos policías detenidos por vender un oficio a una banda de usurpadores por 200 mil pesos para evitar que sean encontrados en los allanamientos. Ahí no colaboraron. Vendieron. Apretaron a la banda. Recibieron plata para intentar cajonear investigaciones”, explicó.

Alvarado tiene más vínculos con jefes policiales que no se conectan directamente entre sí. A los Rey y Báncora se suman otros altos mandos como Javier Makhat –detenido en un departamento en el que buscaban encontrar evidencia de Alvarado– y Luis Quevertoque.

Quevertoque es un caso emblemático. Como los Rey en la causa contra el clan Romero, Quevertoque fue un sabueso destacado en la investigación contra Los Monos en la megacausa; y fue uno de los testigos principales en el juicio contra la banda de la zona sur de Rosario. El año pasado fue condenado a 3 años de prisión efectiva como integrante de la asociación ilícita de Alvarado, rival de peso de los Cantero.

Gustavo “Gula” Pereyra, policía acusado como miembro de Los Monos que resultó absuelto, en una de las últimas audiencias del juicio contra el clan Cantero prendió el ventilador y afirmó que “había una orden” política hacia la fuerza de seguridad de desplazar a Los Monos de la venta de droga para colocar en su lugar a un jugador menos violento, pero también poderoso, como el empresario Luis Medina.

Medina fue asesinado a balazos a finales de 2013 junto con su pareja Justina Pérez Castelli en el acceso sur de Rosario. Vivía en un country de Pilar, pero estaba de paso alojándose en el hotel del casino City Center. Logró inaugurar la franquicia del boliche Esperanto en el centro de la ciudad con el aval del municipio, y nunca tuvo una acusación formal por narcotráfico. No hubo persona detenida por el doble crimen.

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