La Justicia porteña rechazó un habeas corpus de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación para que la Policía de la Ciudad no actúe en el operativo seguridad dispuesto en los alrededores del Congreso en el marco de la sesión para tratar el proyecto de legalización del aborto.
La resolución la tomó el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 6 de la Ciudad ante una presentación realizada ayer por la tarde por el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de DDHH, Mariano Przybylski.
Mediante el habeas corpus, Przybylski pidió “proteger la libertad personal de los asistentes a las manifestaciones que se realicen en las inmediaciones del Congreso” y que no haya “detenciones arbitrarias”, para lo cual expuso una serie de medidas complementarias que “aseguren los derechos” de los concurrentes.
Según esgrimió el denunciante, la presentación se debe a que la Secretaría de DDHH, que dirige Horacio Pietragalla, “viene recibiendo denuncias y observando detenciones arbitrarias y represión en manifestaciones públicas por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, lo que amerita un pronunciamiento judicial preventivo a los fines de evitar una nueva situación de violencia”.
El pedido fue desestimado primero por el fiscal interviniente, quien aseguró “que no existe certidumbre de amenaza a la libertad ambulatoria”.
Luego, el juez Gonzalo Segundo Rúa coincidió con el fiscal y también rechazó inmediatamente el habeas corpus, al considerar que “no existe certidumbre en la amenaza a la libertad ambulatoria, dado que no consta ningún tipo de orden, ni una indicación expresa de restringir la libertad de los posibles participantes de la manifestación”.
En su resolución, Rúa también sostuvo que “el accionante no ha podido acreditar cuáles son los actos o situaciones que en concreto afectan –o puedan afectar– su libertad ambulatoria, limitándola o amenazando con hacerlo de manera actual o inminente”.
En la denuncia, “se solicita que se investigue a las máximas autoridades del Gobierno de la Ciudad por los delitos de intimidación pública, abuso de autoridad y abandono de persona (artículos 211, 248 y 106 del Código Penal) por el violento accionar llevado adelante por efectivos policiales. La presentación incluye un compilado de imágenes que prueban la represión violenta y desmedida”, según informaron en un comunicado.
La denuncia aclara que el gobierno nacional no dio ninguna orden de reprimir ni despejar ni detener a persona alguna y hace responsable directamente a las fuerzas policiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aquel día, la Policía porteña detuvo en total a 11 personas imputadas por “resistencia a la autoridad”.
El dispositivo de seguridad previsto para hoy en las inmediaciones al Congreso, dispone un doble vallado central para separar la plaza en dos, y a cada lado se colocaron pantallas para seguir la sesión. Del lado de la avenida Callao hasta Corrientes es el espacio para quienes estén a favor del proyecto (pañuelo verde), y del lado de la avenida Entre Ríos hasta avenida Belgrano aquellos que estén en contra de la iniciativa (pañuelo azul). En esas calles el tránsito ya está restringido.
En el centro, abarcando el frente del Congreso, queda un pulmón de espacio reservado para el personal policial.
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