Tras las fuertes críticas por su accionar, el fiscal Eduardo Elizarraga pidió el desalojo de la casa de Cariló de Viviana Villena, una mujer porteña que sufrió una desfachatada usurpación de su vivienda a manos de un grupo de delincuentes provenientes de Mar del Plata, según confirmaron fuentes judiciales en la jurisdicción a Infobae. El pedido fue entregado ayer al Juzgado de Garantías N° 6 a cargo del doctor David Mancinelli, el mismo que interviene en el caso de los rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa. Mancinelli firmó la orden poco después del mediodía del miércoles, exista o no el delito de usurpación.
Así, la casa fue desalojada a comienzos de la tarde por la Policía Bonaerense. Sus ocupantes no se resistieron.
Así, la medida se convierte en un primer paso a resolver la situación, luego de que Villena llegara a su casa el 5 de enero de este año para encontrar que un grupo de personas decía tener “un contrato de alquiler por dos años”.
Tras intentar sin éxito explicarles que ella era la verdadera propietaria de la casa, Viviana llamó a la policía. Los ocupantes se negaron a retirarse y le contestaron que tenía que hablar con su abogado.
Dado que los ocupantes tenían el contrato de alquiler –que era falso–, la policía se limitó a evitar que el conflicto se agravara. La mujer entonces fue hasta la Fiscalía Descentralizada N° 5 y presentó una denuncia ante el fiscal Elizarraga. En el medio, llegó la pandemia del coronavirus, con los bloqueos para llegar a la zona.
Este mes, luego de que se otorgaran permisos a propietarios para regresar a sus casas de veraneo, Viviana regresó a Cariló. Su casa seguía usurpada, incluso por otras personas. Incluso habían pintado el exterior de otro color, construyeron una cascada en una esquina e instalaron dos equipos de aire acondicionado en el frente de la propiedad.
Una fuente judicial con conocimiento directo del caso explica la situación: “El problema fue precisamente el supuesto contrato de alquiler. El que exhibieron los ocupantes incluye el nombre de la empresa que es titular de la casa, una empresa ligada a la denunciante. Muchas de las usurpaciones que se toman como dellito de usurpación son cesión de derechos posesorios, serían más bien estafas, personas que venden a varios el mismo lote, las documentaciones que suelen verse son muy precarias. Después, tenés intrusiones lisas y llanas”.
Otro funcionario en la zona continúa: “La gente se vale de boletos de compraventa, hay tipos que saben que tienen un papel trucho y otros alegan haber sido engañados. No todo conflicto posesorio es usurpación. No siempre está el delito. El Código Penal establece que tiene que probarse violencia, amenaza, engaño o clandestinidad. El Código Procesal Civil de la provincia regula el desalojo”.
Entre Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas y localidades en el partido de la Costa como Mar de Ajó, parte de la misma jurisdicción, las usurpaciones crecieron con respecto al año pasado, de acuerdo a cifras oficiales a las que accedió Infobae. En 2019 hubo 449 casos de usurpaciones; en lo que va de 2020, 442, 50 de esos casos en Pinamar y Villa Gesell contra 39 de 2019 en los mismos municipios.
El intendente Martín Yeza ya había denunciado al fiscal Elizarraga por su mal desempeño hace dos meses. Según explicó a Infobae el secretario de Seguridad de Pinamar, Lucas Ventoso, “el fiscal Elizarraga es un desastre, pero no solo con las usurpaciones sino también con los casos de abuso sexual, las estafas y otros delitos, es una persona que desestima todo”.
“La dueña se presentó en mi oficina con la denuncia que había hecho en enero y toda la documentación: escritura, la sociedad constitutiva propietaria del inmueble, el informe de dominio. Pero todo esto ya se lo habían presentado al fiscal en enero y no hizo nada”, agregó el secretario de Seguridad.
Los ocupantes, confirman fuentes judiciales, serán citados y acusados formalmente del delito de usurpación.
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