En la localidad de Villa Mascardi, ubicada en la provincia de Río Negro, los conflictos entre las comunidades mapuches y el Gobierno provincial se tensaron en las últimas horas debido a un nuevo acto de vandalismo.
La gobernación de Río Negro expresó “su más enérgico” repudio a una nueva incursión violenta de grupos de anónimos, que “ocupan un sector de Villa Mascardi, atacando e intentando usurpar en esta oportunidad una propiedad privada de la zona”.
Este domingo se produjo un nuevo ataque contra una propiedad en la zona ocupada de Villa Mascardi, puntualmente en el predio de “La Cristalina”, donde se encuentran varios inmuebles a los que se intentó prender fuego.
Según el sitio oficial de la provincia, el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, condenó los nuevos hechos de violencia, lamentando que “el accionar de estos grupos y sus ataques, dan por tierra con todo un trabajo conjunto que se está realizando con Nación para tratar de encontrar una salida consensuada a este conflicto”.
“No vamos a permitir que violentos, amparándose en el anonimato, sigan sembrando temor entre los vecinos de la región, quienes además de sus bienes personales, ya ven amenazada su integridad física. Una vez más, transmitiremos a Nación la urgente necesidad de resolución definitiva de este conflicto”, completó.
En este contexto, debido a la escalada de los conflictos en los últimos meses, el Gobierno Nacional había confirmado la creación de una mesa de trabajo conjunta, en la que participarán los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; de Seguridad, Sabina Frederic; y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Ordarda; y el presidente de Parques Nacionales, Daniel Somma.
Sin embargo, los ataques continúan y la mesa aún no dio ninguna respuesta, dicen en el Gobierno provincial. Más allá de eso, el conflicto en esa zona es histórico. El hecho que más trascendencia tuvo dentro de esta pugna fue la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, el 23 de noviembre de 2017, por una bala policial en un operativo de desalojo en esas tierras.
El conflicto en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche, se acrecentó aquel año, cuando la comunidad Lafken Winkul Mapu tomó posesión de un predio de aproximadamente seis hectáreas ubicadas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.
El tema de fondo es la pulseada por la propiedad de tierras sobre las cuales los grupos mapuches afirman tener derechos ancestrales.
La disputa fue tomando espesor hasta que, a fines de abril, alcanzó un punto crítico a raíz de un hecho de violencia en la comunidad mapuche de Buenuleo, que ocupa un predio de 90 hectáreas en el cerro Ventana. Allí, tres habitantes mapuches fueron agredidos con armas blancas por un grupo encabezado por un propietario. En la causa, cuatro personas fueron imputadas por esa agresión. Por ese incidente, una delegación de funcionarios integrada por el secretario de Articulación Federal del ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, y la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Madgalena Odarda, viajaron a Bariloche para encontrar un acuerdo para pacificar y reforzar la seguridad en Buenuleo por un plazo de 90 días.
Luego, a mediados de mayo, se produjeron dos nuevos hechos de vandalismo. Ambos ocurrieron el mismo día, el 23 de mayo pasado. Esa situación encendió las alarma del Gobierno Nacional y funcionó como el detonante para crear la mesa de diálogo.
Según detallaron ese día, primero un grupo de personas con la cara cubierta produjo una serie de incidentes en la zona que culminaron con la quema de una cabaña. Al lugar se trasladaron dos móviles de Bomberos Voluntarios ya que el fuego, que se concentró dentro de las instalaciones de Gas del Estado, se propagó en dirección al bosque.
Y a las pocas horas, la integrante de la fiscalía de San Carlos de Bariloche, Silvia Paolini, y los adjuntos Facundo D’ Apice y Clara Moldes fueron violentamente atacados en la zona de Villa Mascardi por un grupo de aproximadamente 15 personas encapuchadas, quienes arrojaron piedras al vehículo oficial en el que se movilizaron. Además de los funcionarios judiciales, varios integrantes de la Policía de Río Negro también fueron agredidos.
Mientras tanto, el conflicto escala sin un desenlace final para ninguna de las partes y los pobladores temen por nuevos ataques.
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