Crimen de Luis Espinoza: dos de los policías acusados hicieron controles de cuarentena mientras otros llevaban el cadáver a Catamarca

Pasan los días y el caso del asesinato del peón rural tucumano Luis Espinoza adquiere aristas cada vez más siniestras. Como si no bastara el asesinato y la planificación para intentar hacer desaparecer el cuerpo a 100 km de distancia, el accionar de los policías tras los hechos suma circunstancias macabras.

Según informaron a Infobae fuentes muy cercanas a la investigación, la fiscalía pudo probar que en el lapso transcurrido entre el asesinato y el traslado del cuerpo de Espinoza a la comisaría de Monteagudo hasta el descarte del cadáver en la zona de La Banderita, de Catamarca, dos de los policías imputados salieron a las calles de Monteagudo a realizar un patrullaje de control de cumplimiento de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

La fiscalía confirmó que dos de los efectivos que participaron de manera directa en el crimen se subieron ese mismo 15 de mayo a un patrullero para recorrer las calles de Monteagudo mientras otro grupo había partido a bordo de un VW Fox azul hacia Catamarca, para arrojar el cadáver en un barranco.

Según los horarios que registró la investigación, el asesinato de Espinoza se produjo pocos minutos después de las 16 horas del viernes 15 de mayo. El viaje hacia “La Banderita” para arrojar el cuerpo a un precipicio se inició a las 19.30 de ese mismo día.

Por lo tanto, el patrullaje de esos dos efectivos se se llevó a cabo mientras otros de los involucrados trasladaban el cadáver de Espinoza para descartarlo en un precipicio en el límite entre Tucumán y Catamarca. Los hechos estaban todavía “muy calientes”, lo que permite intuir el grado de frialdad de los policías involucrados en el crimen.

La identidad de los dos policías que salieron a patrullar fue ocultada para resguardar el secreto de sumario.

Así y todo, los investigadores apuntan al subcomisario Rubén Montenegro, el oficial José Morales y los policías Claudio Zelaya y Esteban González Rojas como quienes fueron los responsables del traslado del cadáver durante 100 km a la zona de La Banderita.

Uno de los puntos que los investigadores intentarán probar en el transcurso de la próxima semana es que Espinoza fue desvestido dentro de la comisaría. Su cuerpo fue envuelto en una colcha color gris claro junto a una bolsa negra de un lado y blanca del otro. Además, fue atado con un cable de color lila, otro cable de color negro y unos trozos de soga blanca con detalles negros y con nudos. También se utilizó cinta de embalar para terminar de cubrirlo.

“La causa tiene detalles escabrosos. Es increíble la cantidad de personas que participaron. Es increíble que diez personas hayan cumplido algún rol en el proceso y ninguno haya tenido la capacidad de decir ‘basta’ en algún momento, o al menos de comunicarlo a una autoridad superior”, expresó una de las fuentes cercanas a la causa.

De hecho, la fiscalía comandada por la doctora Mónica García de Targa tomó conocimiento del caso recién el sábado 16 de mayo y el cuerpo de Espinoza ya había sido trasladado a través de más de 100 km de distancia y arrojado a un precipicio en Catamarca sin que ninguno de los policías involucrados se negara a participar del encubrimiento.

Otro de los puntos importantes en la causa es que la autopsia forense realizada sobre el peón de 31 años recogió evidencias de “heridas de arrastramiento de características vitales”.

Es decir que Espinoza todavía estaba con vida cuando fue trasladado desde el descampado de El Melcho hasta la comisaría de Monteagudo y que a los efectivos no se les representó que debían brindarle atención médica. Queda la posibilidad de que los policías involucrados, al momento de mover el cuerpo de 120 kilos y 1,83 m. de altura, creyeran que ya estaba muerto.

Durante la primera semana de la causa, cuando el cuerpo del peón rural de Rodeo Grande todavía estaba desaparecido, la fiscal García de Targa había caratulado la causa como “privación ilegitima de libertad seguida de desaparición forzada”. Hallado el cuerpo, la figura pasó a ser “Desaparición forzada seguida de muerte”.

Bajo este rótulo, la fiscal García de Targa solicitó al juez de instrucción penal Mario Velázquez, del Centro Judicial de Monteros, una extensión de la prisión preventiva para diez de los 11 detenidos por un período de unos 12 meses.

El juez Velázquez deberá responder esa solicitud en el lapso de los próximos diez días. Aún se desconoce si dará lugar al pedido de extensión de la prisión preventiva por un año.

“Es muy importante mantener la figura de desaparición forzada en esta causa porque es clave destacar que este tipo de cosas no pueden suceder en una democracia. Es inadmisible tolerar este tipo de crímenes”, aseguró la fuente cercana a la investigación.

Además, diez de los once detenidos también fueron imputados por el delito de “privación ilegítima de la libertad”, en perjuicio de Juan Antonio Espinoza, el hermano de Luis, quien fue atacado en el descampado y golpeado salvajemente a un lado del camino.

De acuerdo a los testimonios de los propios protagonistas, la fiscalía estableció que, después de perseguir a los hermanos Espinoza con autos privados, sin uniforme policial y disparando balazos de goma, lograron hacer caer del caballo a Juan Antonio.

Asimismo, se precisa que los policías Esteban González Rojas, Claudio Zelaya y Miriam Rosalva comenzaron a aplicarle una golpiza a Juan Antonio, que ya estaba en el suelo, hasta dejarlo inconsciente.

Justo Zelaya y González Rojas estuvieron involucrados en octubre de 2018 en otra golpiza a un joven llamado Alan Andrada a la salida de un boliche. Unos 23 días después de haber sido golpeado por los policías, Andrada murió internado en un hospital. Los médicos habían detectado una hemorragia interna, producto de los golpes.

En tanto, otro de los detalles macabros del asesinato de Espinoza ocurrió ese mismo viernes 15 de mayo por la noche. Mientras Montenegro, Zelaya, Morales y González Rojas cargaron el cuerpo del peón rural en un auto Volkswagen Fox azul para descartarlo en “La Banderita”, la esposa de Espinoza, María Soledad Ruiz, y dos hermanas de la víctima Thalia Yudith Espinoza y Claudia del Carmen Espinoza acudían a la comisaría de Monteagudo para pedir explicaciones sobre el paradero del peón.

Allí fueron atendidas por la cabo Miriam Rosalva, la misma que había golpeado a Juan Antonio, y el sargento Víctor Salinas, que también participó en el operativo. Los policías les dijeron que desconocían el paradero de Luis Espinoza y que no podrían recibir una denuncia por la presunta desaparición antes de transcurridas 72 horas desde la última vez que fuera visto con vida.

Después de arrojar el cuerpo al precipicio, Montenegro, Morales, González Rojas y Zelaya regresaron a Monteagudo cerca de las 23.30.

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