Será juzgado a partir de hoy el productor ganadero de origen alemán acusado de haber envenenado en 2018 a dos de sus peones, uno de los cuales murió, en una finca de su propiedad en el paraje salteño de Palomitas.
Hartmut Torsten Theobald está imputado del “homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso” de Ramón Ignacio Casas y del mismo delito pero en grado de tentativa en perjuicio de Benito Soraire.
El debate comenzará a las 9 y se extenderá hasta el 23 de junio próximo en la Sala VII del Tribunal de Juicio de Salta, presidida por el juez Francisco Mascarello, e integrada por sus pares Paola Marocco y María Livia Carabajal.
Las audiencias se llevarán a cabo por las mañanas y con todas las medidas de bioseguridad previstas en el marco de la pandemia por coronavirus; razón por la cual, se dispuso una restricción al ingreso de público a la sala.
Unos 60 testigos están citados a declarar durante el debate, en el que intervendrá el fiscal 4 de la Unidad de Grandes Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt.
En tanto, la querella estará representada por actuarán los abogados José Teseyra y Alejandro Tapia; mientras que el imputado, que llega preso al inicio del juicio, contará con la defensa particular de Marcos Molina y Luis César Fernández.
La investigación del hecho que se ventilará en el debate comenzó en octubre de 2018, cuando Torsten Theobal denunció que encontró a Casas muerto en una de las habitaciones de su finca, ubicada a unos 60 kilómetros de la capital salteña.
De acuerdo a los peritos el cadáver se hallaba en avanzado estado de descomposición y la víctima había muerto por un paro cardiorrespiratorio tras intoxicación con veneno, en este caso un pesticida, lo que coincidió con el contenido de una botella y un plato encontrados en la mesa del peón.
Ante estos elementos, el fiscal que tuvo a su cargo la investigación, Ramiro Ramos Ossorio, sumó la declaración de familiares de la víctima, quienes en forma coincidente dijeron que Casas trabajaba hacía varios años para el alemán, al cuidado de la hacienda, y que mantenían malas relaciones laborales con aquel desde hacía algún tiempo.
Los familiares revelaron que Casas les confesó que había radicado una denuncia ante la Administración Federal de Ingresos Públicos contra su empleador, lo que fue verificado por los pesquisas.
En el marco de esta investigación luego se llegó a Soraire, otro trabajador rural que prestaba servicios en la finca del acusado desde 1985 y que vivía en una casa que éste le facilitaba.
Este peón contó que el 8 de octubre de ese mismo año encontró muertos a cuatro de sus perros, por lo que los enterró.
El lunes siguiente, su patrón le entregó una bolsa con carne, de cuyo buen estado dudó porque al abrirla sintió un olor extraño, aunque igualmente la cocinó y la ingirió, tras lo cual comenzó a sufrir vómitos y mareos.
Al día siguiente fue a ver a su patrón para que lo llevara al hospital porque seguía con malestar y éste le dijo que esperara, por lo que Soraire decidió ir caminando.
Una vez en el centro asistencial, los médicos que lo asistieron le dijeron que la carne estaba en mal estado y le suministraron la medicación correspondiente. Al regresar a su casa, el peón le dio a otro perro la carne sobrante y el animal también murió.
Dentro de la vivienda, los pesquisas secuestraron restos de ese alimento, que al ser analizado por el Servicio de Toxicología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) se le detectó contenía el mismo pesticida que había matado a Casas.
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