"Todo se puede arreglar": condenaron a un ex inspector que pedía dinero a comerciantes para no clausurarlos

Un hombre identificado por las iniciales R. C., nacido en 1961 y ex inspector de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, fue condenado luego de que la Justicia determinara que se hizo pasar por funcionario para cobrar dinero a comerciantes a cambio de no clausurar sus locales. La secuencia terminó cuando uno de los damnificados llamó al 911 y siguió al acusado en moto.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°25, a cargo de manera interina de Juan Cruz Ártico, consiguió la condena a través de un juicio abreviado. El imputado recibió tres años de prisión en suspenso por los delitos de usurpación de autoridad, estafa y uso de certificado falso, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El episodio ocurrió en 2025, en el barrio porteño de Monserrat. Según reconstruyó la investigación, R. C. llegó a un taller mecánico y se identificó como inspector de la Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del Gobierno de la Ciudad.

Tras revisar los extintores del local, le comunicó al dueño que debía aplicarle una multa y clausurar el negocio. A continuación, le planteó que podía evitar ambas medidas si le entregaba $60.000. El comerciante accedió al pago.

Luego, el acusado se dirigió a otro taller situado junto al primero y recurrió al mismo método. Le dijo a un empleado que el comercio presentaba infracciones y que correspondía una multa seguida de la clausura.

“Si vos me ayudás, entonces todo se puede arreglar, pero tenés que realizar un aporte significativo en pesos argentinos; vos me entendés cómo funciona esto”, le expresó, según consta en el expediente.

El trabajador le entregó $20.000. Sin embargo, al ver que el supuesto inspector subía al asiento del conductor de un taxi Volkswagen, optó por seguirlo en su moto y alertar a la Policía de la Ciudad mediante una llamada al 911.

El empleado interceptó el taxi y el acusado lo embistió

El seguimiento terminó en la intersección de Ramón Lista y Víctor Hugo, donde el empleado logró interponerse delante del taxi para detenerlo. En ese momento, el acusado aceleró y lo embistió, aunque no le provocó lesiones ni daños materiales.

Al llegar al lugar, los agentes advirtieron que en la luneta del vehículo había un certificado de discapacidad que parecía apócrifo. La revisión posterior confirmó que el documento era falso.

Durante la requisa, la Policía secuestró un chaleco y una campera con inscripciones de la APRA, una faja de clausura, un sello y dos credenciales del Gobierno de la Ciudad. La pesquisa estableció que R. C. había sido inspector del organismo hasta 2022, cuando se acogió al retiro voluntario.

La sentencia fue homologada por Paula Núñez Gelvez, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°21. Además de la pena condicional, el condenado deberá cumplir pautas de conducta y realizar 120 horas de trabajo de utilidad pública.